Cuando como indignados e impotentes ciudadanos estamos padeciendo unos niveles muy graves e intolerables de corrupción política e institucional, con la connivencia y complicidad de los poderes judicial y ejecutivo y un determinado grupo político en el Parlamento en éste caso Unidos Podemos, para hacerle frente y procurar erradicar éstas practicas, toma la iniciativa y pretende ponerle un voto de censura al gobierno del como mínimo indecente Rajoy y su más que corrupto Partido Popular, los demás grupos parlamentarios con argumentos insostenibles no la apoyan y en consecuencia no es de extrañar que Rajoy se “esté frotando las manos” junto con sus compañeros secuaces del PP.
Unidos Podemos ha empezado a hacer un sondeo y valoración acerca de los apoyos que podría tener la referida iniciativa y han sido decepcionantes y desalentadoras las respuestas que con varias y diferentes excusas hasta ahora vienen ofreciendo los partidos políticos (sus dirigentes), como por ejemplo las coincidentes del PSOE, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria acusando a Pablo Manuel Iglesias de exceso de protagonismo y las del Parido Popular y Ciudadanos, que con pequeños matices vienen a decir lo mismo: “falta de seriedad” y “esto no es un circo”, respectivamente.
El caso de Esquerra Republicana es aparte, ya que se manifiesta a favor de la moción de censura y están dispuestos a apoyarla, pero siempre y cuando haya una reciprocidad y se les apoye a ellos en sus pretensiones independentistas. Una vez más se demuestra como anteponen sus intereses (que pueden ser legítimos, siempre y cuando los defienda con la palabra y no como lamentablemente lo hizo ETA con las armas), por encima de los que viene demandando el Pueblo Español, como es el de la erradicación de ésta lacra como es la corrupción tan sumamente grave y que viene como se está demostrando corroyendo nuestro Estado Social y de Derecho. Peor aún por su trascendencia y dramatismo fue, cuando en plena Guerra Civil más que en defender a la II República y su legitimidad, egoístamente se dedicaron a reivindicar y luchar por conseguir la independencia de Cataluña.
Después del paro, la corrupción es el segundo problema que más nos afecta y preocupa a las españolas y españoles. Los partidos políticos en realidad sus dirigentes, que se han profesionalizado y se dedican a vivir de la política, han ido alejándose cada vez más de los ciudadanos y no son sensibles a sus problemas y preocupaciones. Desde ésta posición como socialista militante del PSOE, me da rabia y manifiesto mi desprecio y malestar a la posición oficialmente adoptada por la impresentable Gestora Federal, desautorizando esa posible moción de censura, planteamiento que como se esperaba han hecho suyos propios Susana Díaz y Patxi López. Ha sido desagradable comprobar que Pedro Sánchez también se ha manifestado en la misma línea. Va siendo hora de que se aclare y “sin paños calientes”, empiece a obrar en consecuencia con lo que dice, o sea, combatiendo la corrupción y que se comprometa en lo que tanto pregona la dignidad, tal y como muy acertadamente hizo cuando en el debate electoral acuso a Rajoy de indigno. No basta con que pida su dimisión que es lo fácil, si tiene ideas y alternativas debe exponerlas abarcando la responsabilidad conjunta del PP y para que ésta situación no se repita, en caso necesario al resto de los partidos políticos.
Albert Rivera fue incluso más allá y le llegó públicamente a acusar de corrupto por haber recibido 325.000 euros en sobre sueldos o dinero negro. Sin embargo tal y como era de imaginar, tanto él y su formación política Ciudadanos, se están manifestando y demostrando como lo que realmente son, un apéndice y cómplice del Partido Popular.
Sin ser el PP que es el causante de todo lo que está pasando, todos los demás partidos políticos por la gravedad de la situación deberían hacer causa común, para luchar y erradicar la lacra de la corrupción y regenerar la tan denostada y degradada democracia. Por encima de las respectivas ideologías debería anteponerse y primar la reactivación del sistema democrático, haciéndolo más justo, libre, plural y participativo. En consecuencia hay que crear y poner en funcionamiento instrumentos que en el caso de la corrupción, ofrezcan todas las garantías para su erradicación. En ese sentido, no puede dejarse en manos de los políticos del Partido Popular, conjuntamente con los jueces y fiscales la mayoría ultraconservadores, hacerle frente a éste muy grave problema que cada vez menoscaba y perjudica más nuestra convivencia democrática.
La solución tiene que venir de la propia Sociedad, mediante los jurados o tribunales populares que juzguen y sentencien los casos de corrupción, con arreglo a las leyes establecidas y los baremos en las mismas contemplados y es que en muchas ocasiones aunque excepcionalmente se llegue a condenar éste tipo de delitos, pero la condena aplicada no se corresponde con el daño causado e igualmente dependiendo del delincuente, se le aplica la condena de inmediato incluso su ingreso en prisión o por el contrario se posterga hasta el agotamiento de todos los recursos habidos y por haber, que presentan sus caros e influyentes abogados, siendo en ese sentido uno de los ejemplos más significativos el del marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, lo que hace con toda lógica y razón, que cada vez más desconfiemos de ésta injusta justicia, que no es igual para todos.
La justicia debe ser totalmente independiente del poder legislativo y más aún del ejecutivo y para ello, el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía General, tendrían que elegirse por la ciudadanía en elecciones que contemplen el voto libre y secreto en listas abiertas.
Aunque los políticos se jactan y lo pregonan, pero nuestra democracia no es plena sólo porque nos limitemos a votar cada cuatro años y encima está tutelada por los partidos políticos que tienen unas estructuras jerarquizadas y no se ajustan en lo que aunque muy resumidamente contempla el articulo 6º de la Constitución: ”su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Se debe facilitar el acceso y potenciar las I.L.P. (Iniciativa Legislativa Popular), bajando el mínimo exigido para su presentación en los respectivos parlamentos y los referéndums, como formula directa de participación en consultas y decisiones de los ciudadanos.