DA.- Hacienda presentó la pasada semana su plan de control tributario para este año. Grandes fortunas, economía digital, transacciones con IVA, Impuesto de Sociedades, inmobiliarias, sucesiones y donaciones, y cuentas en el extranjero estarán en el punto de mira de la Agencia Tributaria, que este año ha puesto empeño en acabar con el fraude y la economía sumergida.
Pero es que, además, va a limitar ciertas “ventajas” que la Agencia Tributaria daba a los contribuyentes, como por ejemplo el pago aplazado de las deudas o el límite de los pagos en efectivo fijado en 2.500 euros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, opina que “con la facilidad de crédito que tienen hoy las empresas se financien a costa de la Hacienda Pública”, ya que tiene pendiente de cobro unos 10.000 millones de euros por aplazamientos concedidos en 2015.
Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda señalan que las medidas están muy bien, pero que no saben con qué plantilla se va a realizar dicha campaña.
Gestha, que así se llama el sindicato de los técnicos de Hacienda, cifra en 26.718 personas el déficit de plantilla para luchar contra el fraude con unas mínimas garantías. De hecho, apunta que España solo tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de contribuyentes, 860, o los 729 de Alemania.
Además, más del 80% de los efectivos actuales de la Agencia Tributaria se dedican a investigar a los autónomos, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen para hacer lo que quiere el Gobierno, que es controlar a las grandes empresas. Según las estimaciones del propio sindicato, España ha perdido unos 77.000 millones de euros en los últimos ocho años, lo que arroja una pérdida recaudatoria media de 9.600 millones de euros anuales.
Por este motivo, los técnicos de Hacienda consideran que es mejor recuperar ingresos evadidos que aumentar impuestos. A pesar de que en 2015 se investigaron a más contribuyentes que en 2010, se descubrió una deuda defraudada menor, lo que redujo la cantidad media descubierta de impuestos defraudados por contribuyente de los 250.888 euros de 2010 a los 243.526 euros de media en 2015.
Además, la evolución que ha seguido la deuda liquidada media en 2012, 2013 y 2014 demuestra que la AEAT centró la investigación en los contribuyentes de escasos recursos (pymes, autónomos y trabajadores), a los que se descubre un menor importe defraudado; mientras que la investigación sobre los grandes patrimonios y corporaciones, que a día de hoy suponen el 70% del fraude fiscal en España, es decir, el fraude sofisticado, ha decaído. Pero el dato más revelador para los técnicos del fracaso de la lucha contra la evasión más sofisticada es que los delitos fiscales descubiertos por la AEAT cayeron el 57% en el último decenio.
En 2015, la AEAT tramitó únicamente 341 denuncias por delito fiscal, frente a las 793 de 2005 y muy lejos del récord de 1.014 delitos fiscales denunciados en 2011.
Este desplome se debe, entre otras causas, a la limitación de las competencias de los técnicos para investigar estos delitos tras aprobarse una resolución interna de la Agencia Tributaria por la que los técnicos dejaron de tener control sobre el expediente en los casos de especial dificultad “sobrevenida”, es decir, cuando se descubre una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal.
En la práctica, esto supone que el expediente pasa a manos de un cargo superior que no conoce la investigación realizada.
Subir impuestos o acabar con la defraudación para cumplir el déficit
España tiene dos opciones para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% del PIB este año: o reducir significativamente el fraude o aumentar impuestos para ajustar el déficit en 16.000 millones y reducir la deuda pública, que alcanza 1,1 billones de euros. Gestha denuncia que más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015.