En mis largas incursiones en el texto del Proyecto de Ley del Suelo que nos quieren imponer algunos lobbyes empresariales y “su” Gobierno, me impactó la saña con la que pretenden derogar las Directrices de Ordenación General y su Memoria (disposición derogatoria Única 1.c del Proyecto de Ley del Suelo).
¿Porqué derogar las Directrices “y su memoria” , si ésta no tiene valor normativo?
El Consejo Consultivo subrayó los problemas de seguridad jurídica, y por tanto de inconstitucionalidad, que se van a producir. Sin embargo, Clavijo encargó un Contrainforme –técnica que debió aprender en las mañas que Coalición Canaria ha establecido de viejo en el Ayuntamiento de La Laguna– que despachaba con tono despectivo, y dándole tres o cuatro patadas a la inteligencia jurídica, los reparos del Consejo Consultivo. Y a vivir que son dos días.
La Memoria de las Directrices es un análisis lúcido y riguroso del devenir histórico de la economía y de la sociedad canaria, efectuado desde la perspectiva del uso del territorio y de los recursos naturales que son el sustento de la vida y de las actividades humanas.
El diagnóstico, tres lustros después, conserva una mayor actualidad si cabe.
Centrémonos en la agricultura y en el suelo agrario: se ha producido “…en los últimos 50 años una reducción sustancial de la superficie cultivada”…”este proceso se desarrolla con la terciarización de la economía canaria…y concluye cuando los dos recursos naturales básicos sobre los que se sustenta la agricultura, el suelo y el agua, se sitúan fuera del alcance económico de los usos agrarios, por lo que el tradicional valor del suelo rústico es sustituido por un precio fijado en función de las expectativas edificatorias y urbanísticas legales o ilegales”.
Más adelante, en 3. Necesidad y oportunidad del cambio: “De proseguir el desarrollo canario en la dirección y con la intensidad apuntadas, estaríamos abocados a la pérdida de una parte sustancial del patrimonio natural y cultural que nos queda…”, o en Objetivos 3.1: “el objetivo de mantener nuestro medio rural coincide plenamente con el de hacer duradera nuestra principal fuente de recursos económicos. La defensa de los valores ambientales, imprescindible para sostener el atractivo turístico de las islas…”
Todos estos análisis culminaron en Directrices que son esenciales para armonizar desarrollo económico y preservación del medio ambiente; con mandatos jurídicos tan completos y vinculantes como la 62 ( La Laguna debería poner el nombre “Directriz 62” a una calle; porque fue, esgrimida por los servicios de la Cotmac, la que impidió a Clavijo convertir en urbanizables 6.2 millones de suelo agrario –tal y como denunció la Asociación de Ganaderos en sus alegaciones– en los ámbitos de Tejina, Valle de Guerra, La Vega de Aguere, Guamasa, Los Baldíos…)
Sin la Directriz 62, Clavijo habría aprobado un PGO cuyas previsiones de suelo Urbanizable habrían permitido albergar en La Laguna –mediante la ejecución de su PGO– una población de 338.000 habitantes, según el Informe del servicio de Planificación y Planeamiento del propio Ayuntamiento. Que, por cierto, Clavijo ignoró por completo al aprobar inicialmente el plan general en marzo de 2013.
¿Qué dice la Directriz 62? “el planeamiento delimitará y preservará de la urbanización y las infraestructuras el suelo rústico de protección agraria, por el carácter estratégico de su valor productivo y paisajístico y su relevante valor social y cultural”…”Como criterio general, se buscarán las alternativas de ubicación que no afecten a suelos de valor reconocido, estén o no en cultivo.”
Esta es la verdadera razón por la que Clavijo, un personaje tan vinculado profesionalmente al sector inmobiliario como el exministro de defensa Morenés al sector armamentístico, quiere derogar las Directrices, borrándolas “hasta de la Memoria”: para acabar con normas como la que contiene la Directriz 62, vinculante para los planes insulares de ordenación y para el planeamiento urbanístico.
Destruyendo las Directrices; suprimiendo el control de legalidad de COTMAC sobre el planeamiento territorial y urbanístico; y atribuyendo a los ayuntamientos toda la autoridad para su aprobación definitiva se cierra el círculo. El sector inmobiliario y la especulación tendrán patente de corso sobre un territorio pequeño, fragmentado, preñado de valores biológicos y paisajísticos, pero muy acosado por la presión de la población y las actividades económicas.
Le corresponde a quienes se autotitulan nacionalistas (y a quienes jueguen el papel de cómplices) el dudoso honor de ser protagonistas de la antepenúltima colonización del Archipiélago e imponer la hegemoníade los lobbyes empresariales más agresivos sobre las Instituciones autonómicas, cuya razón de existir y de su poder legislativo es la de representar los intereses generales de los canarios, de los de hoy y de los de mañana.
Y ,de paso, Clavijo permitirá hacer a un puñado de alcaldes desaprensivos lo que él no pudo hacer en La Laguna. Porque lo impidieron las directrices, los Servicios Jurídicos de la Cotmac y la resistencia de muchos laguneros que queremos a esta tierra y estamos libres de servidumbres.