Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, llevará una moción al Pleno del próximo viernes denunciando los incumplimientos con el sector del taxi y el empobrecimiento a que se ha visto abocado. Asimismo, propondrá una serie de medidas para garantizar la “viabilidad económica real” del sector.
El edil de IUC denuncia que Santa Cruz de Tenerife tiene una ratio de 4,35 licencias de taxi por cada mil habitantes, sólo superada por Madrid y Barcelona, mientras que 38 capitales de provincia tienen una ratio inferior a dos licencias por mil habitantes para garantizar la sostenibilidad económica del servicio.
Trujillo recuerda que hubo un acuerdo plenario unánime, en marzo de 2011, para reducir la ratio de licencias a 2,5 por mil habitantes en un plazo de cinco años. Esto no sólo se ha incumplido, sino que, en el informe económico llevado al pleno del pasado mes de octubre, se asume la meta de una ratio de 3,5 licencias por mil habitantes, pese a que el informe dice que los ingresos del taxi “no resultan suficientes para cubrir los costes” y “retribuir de modo mínimamente adecuado el trabajo”.
Desde IUC se señala que también hubo un acuerdo plenario unánime en enero de 2010 para rescatar en cinco años 532 licencias. Hoy hay 190 licencias menos y, no en todos los casos, gracias a rescates, sino a revocaciones ajenas al compromiso del Ayuntamiento.
Trujillo, por otra parte, denuncia que, mientras el sector se empobrecía y muchos taxistas veían precarizadas sus condiciones de vida, se hicieron informes que inflaron los ingresos del sector y dibujaron una viabilidad económica inexistente que permitía a la administración hacer que velaba por el equilibrio financiero del sector del taxi cuando no era así.
IUC planteará retomar el compromiso de alcanzar una ratio de 2,5 licencias por mil habitantes y, a partir del informe económico aprobado por el pasado Pleno, volver a evaluar los costes del servicio incluyendo los aspectos omitidos para garantizar la sostenibilidad económica del sector. La moción también exige la corresponsabilidad económica del Cabildo y abordar el problema que traerá la revisión de Tarjetas de Transporte, en 2017, para quienes incumplan obligaciones a causa de los insuficientes ingresos derivados de la mala regulación pública.