Ben Magec – Ecologistas en Acción exige que Miguel Ángel Ramírez cumpla la condena por delito ambiental a la que fue sentenciado tras haber ejecutado obras ilegales en un espacio protegido. Alertan de que el empresario está intentando sortear esta sentencia utilizando “argucias” políticas y judiciales, y confían en que el gobierno en funciones no acceda a concederle un nuevo indulto ilegal.
Ben Magec – Ecologistas en Acción alerta de que Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y empresario de la Seguridad Privada (GRUPO RALONS), está intentando sortear una vez más la condena por delito ecológico a la que fue sentenciado en el año 2010. La Federación ecologista se compromete a recurrir un posible indulto si finalmente el Gobierno en funciones accede a ello, y advierte de que ésta sería una decisión completamente injusta.
Miguel Ángel Ramírez Alonso, está a la expectativa de entrar en prisión para cumplir los tres años de condena e inhabilitación para el ejercicio de la actividad de la construcción a los que le condenó el Juzgado de lo Penal número 5 de las Palmas de Gran Canaria en el año 2010. Se le imputa un Delito contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente al haber construido en su finca, ‘La Milagrosa’, donde tiene una vivienda, “sin autorización y en ningún caso autorizables, un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos, una nueva vía, muros y una pajarera con la tala de múltiples árboles”. El suelo afectado es una zona de especial protección por sus valores medioambientales y paisajísticos.
Tras la ampliación de la Sentencia por parte la Audiencia Provincial de Las Palmas, el Presidente de la U.D Las Palmas, muy bien relacionado con el Partido Popular de las Islas Canarias, y en concreto con José Manuel Soria (hasta junio pasado, Ministro de Industria, Energía y Turismo), solicitó y consiguió un indulto parcial del Gobierno de Mariano Rajoy (Real Decreto 863/2013) con el que conseguía rebajar la pena a dos años, con la obligación de demolición de todo lo ilegalmente construido.
Ben Magec – Ecologistas en Acción solicitó entonces la anulación de este indulto por falta de equidad, justicia y utilidad pública, condiciones necesarias para su concesión, además de por otros argumentos de fondo. Para ello presentó Recurso Contencioso Administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros ante la Sala tercera del Tribunal Supremo.
Gracias a esta denuncia, el Tribunal anuló el Decreto del Gobierno por vulnerar el procedimiento establecido para los indultos el 8 de junio de 2015. Sin embargo, no entró en el resto de asuntos de fondo alegados por la organización.
Miguel Ángel Ramírez, dueño de empresas de seguridad con concesiones en todo el Estado a cuenta de varios órganos públicos (Defensa, Seguridad Social y el Metro de Madrid, entre otros), de nuevo ha vuelto a reiterar la solicitud de indulto, al encontrarse con que el Juzgado de lo Penal 5 de las Palmas le ha dado fecha hasta octubre de este año para ingresar en prisión.
El cumplimiento de la condena es una solicitud del Ministerio Fiscal que, entendiendo que las penas hay que cumplirlas, alerta de que en el caso de este empresario se podrían estar utilizando medios “torticeros” para la prescripción de la sanción, de manera que se imposibilite finalmente su ejecución.
Es competencia del Gobierno en funciones la concesión del indulto. “Entendemos que todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso de los Diputados no estarán dispuestas, a estas alturas, a seguir dando muestras que todo vale cuando de gentes con grandes recursos económicos se trata”, declara la organización ambiental.
Ecologistas en Acción ya manifestó que Ramírez no había dado muestras de arrepentimiento y que no se había justificado la necesidad del indulto por el Gobierno. Además, hay una oposición clara del Ministerio Fiscal y del Juzgado de lo Penal número 5 de Gran Canaria. Por añadidura, los órganos de la Administración Insular que velan por la protección del Medio Ambiente tampoco han sido consultados, siendo éste un procedimiento preceptivo en estos casos. Además, no se han acometido las obras de rehabilitación del suelo a su estado original con la eliminación de los kilómetros de caminos asfaltados, los depósitos y las construcciones ilegales, tal y como recoge la sentencia de condena.
Ecologistas en Acción seguirá vigilante para que la sentencia se lleve a efecto y la concesión del nuevo indulto no se produzca. Y si se produjera, la Federación ecologista se compromete a volver a presentar oposición en los Tribunales.