La presentación en el inicio de la sesión de investidura, el día 30 de agosto de 2016, por parte del derechista Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno español en funciones, después de más de ocho meses sin gobierno, desde los comicios celebrados el 20 de diciembre de 2015, parece rezumar una maniobra golpista palaciega, en la que trata de involucrar a un Felipe VI, cuya actuación silente ante la misma, hace sospechar su cooperación .
Apercibiendo, al modo de amenaza política que, si no sale investido, toda una serie de plagas bíblicas, caerían sobre el pueblo español y con una grave advertencia contra el ejercicio del derecho a decidir del pueblo catalán y, en consecuencia, hacia la nación de Catalunya (Preámbulo del Estatut: «El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad»).
Su discurso en la investidura empezó asi:
«Las razones por las que he aceptado el encargo de su Majestad y solicito la confianza de la cámara para mi investidura son tres:
- España necesita un gobierno con urgencia;
- los españoles han señalado con claridad su preferencia por el Partido Popular,
- y, en tercer lugar, no existe una alternativa razonable»
Y es aquí, sobre todo, , si lo que dice Ranoy es verdad, donde no se cumplen las previsiones constitucionales del artículo 99.1 de la Constitución Española. Pues, según el número 1 del citado artículo, que viene a decir: «Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno», el Rey, no «encarga» autoritariamente a Mariano Rajoy, sino que hace una «propuesta», a través del Presidente del Congreso. Por tanto, el presentarse Mariano Rajoy ante el Congreso, para pretender ser investido como presidente del gobierno español, parece que se reviste como si fuera un portavoz de «un elefante blanco», que sería quien, entre otras funciones, «corresponde el mando Supremo de las Fuerzas Armadas» al «encargarle » un cometido, donde parece, también, decir que, no le ha quedado más remedio que aceptar por las citadas tres razones aducidas al inicio de su discurso. Nunca, antes, se había visto, desde el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, donde se produjo el asalto, secuestro y toma del Congreso por parte de fuerzas militares, semejante chantaje político, para que sea investido – Rajoy llega a decir que «no hay alternativa de gobierno viable» y amenaza al pueblo de Catalunya. Fijénse, si no:
En suma, Señorías, nuestra primera obligación– la del gobierno y la de estas Cortes Generales-, es preservar la soberanía nacional y, con ella, la unidad de España, la igualdad de los españoles y sus derechos fundamentales.
No le corresponde al Gobierno interpretar la unidad, sino defenderla tal y como la entienden los españoles y la Constitución.
Estamos hablando de la unidad, Señorías, no de cualquier cosa. En toda nación, la unidad es el primero de sus valores por ser el fundamento de los demás. En España también.
Es decir, lo que viene a decir Mariano Rajoy, también, es que su primera obligación es preservar su especial concepción cuartelera de la «unidad de España». Cuando la primera obligación de todo poder público es defender «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social» (artículo 10 de la Constitución). Teniendo en cuenta y esto no se puede eludir que, «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (artículo 10.2 de la Contitución).Y al respecto, ya que forma parte del ordenamiento jurídico español, los poderes públicos españoles no pueden eludir y tiene, en consecuencia, que defender como una de sus prioridadades quien se postula como Presidente del gobierno español, si lo llega a ser, el artículo 1.1 del Pacto Internacional de de Derechos Civiles y Políticos, que establece: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural».
El discurso de Rajoy ha sido un discurso fascista.