El Parlamento de Canarias acaba de rechazar la toma en consideración de la Proposición de Ley en defensa del suelo Agrícola y de la Autonomía de La Laguna.
El propio Parlamento la tomó en consideración por unanimidad; pero, claro, fue en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas. Y algunos grupos –por lo que se ve– lo hicieron con plena conciencia de que el final de la legislatura haría caducar la misma Proposición de Ley que ahora han rechazado.
La iniciativa fue presentada de nuevo por Nueva Canarias; pero –en realidad– se trataba de una iniciativa institucional del Ayuntamiento de La Laguna, con el voto unánime del Pleno de la Corporación y de su entonces alcalde: don Fernando Clavijo Batlle, hoy presidente del Gobierno de Canarias. El Ejecutivo autonómico informó negativamente a la toma en consideración de la Proposición de Ley.
La coartada de los Grupos Parlamentarios para desdecirse de su voto favorable de hace un año la ha proporcionado el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Se ha convertido en una práctica inveterada la utilización de los dictámenes de dicho Órgano por parte de la mayoría gubernamental para argumentar su veto a las iniciativas de la oposición.
El criterio del Consejo Consultivo se convierte en la Ley de las Doce Tablas en estos casos; pero se le tira directamente a la basura cuando formula objeciones de inconstitucionalidad a los Proyectos de Ley del Gobierno, como ocurrió sin ir más lejos con el Dictamen 82/2014, de 18 de marzo, sobre el Proyecto de Ley de Simplificación y Armonización en materia de protección del territorio y de los recursos naturales.
Ha sido muy beligerante la postura del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al que se le ve cómodo en el papel de lacayo de ATI-Coalición Canaria.
Resultaron especialmente ofensivas para el acuerdo unánime del Ayuntamiento de La Laguna las afirmaciones de la diputada socialista Sra. Nayra Alemán de que la Vía Exterior debe ser suprimida “…pero no a través del primer procedimiento que a uno se le ocurra” y la de que con la Proposición de Ley “se le da una patada a la autonomía local y al principio de separación de poderes”.
No debió de tener mucho tiempo para comprobar que la Proposición de Ley pretendía no sólo la supresión de la Vía Exterior prevista por el Plan Insular de Ordenación, cuya modificación ha resultado infructuosa hasta la fecha a pesar de los innumerables acuerdos del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de La Laguna; sino del sistema viario que, sin la cobertura del Plan Insular de Ordenación y directamente en contra de los criterios de ordenación establecidos en la Ley canaria 19/2003, de Directrices de Ordenación General ( de ahí su ilegalidad), pretende imponer a La Laguna el Plan Territorial Especial de Ordenación del sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife, ahogando la autonomía de La Laguna para formular una propuesta de ordenación del territorio municipal sostenible y acorde con sus necesidades y con sus intereses.
Un sistema viario que pretenden vinculante para el PGO de La Laguna ¡pero no para el PGO de Tegueste!, a pesar de estar diseñado por el mismo PTEOSVAM.
Tampoco ha debido tener tiempo la diputada para informarse de todas las mociones y declaraciones institucionales exigiendo la modificación del Plan Insular de Ordenación y del Plan de ordenación del viario del Área Metropolitana de Tenerife. Ni de todas las promesas de Melchior, Oramas, Carlos Alonso, Clavijo… sobre la modificación de esos planes. Ni tiempo para poder llegar a la conclusión a la que muchos hemos llegado: que no las han cumplido porque los que mandan de verdad en Tenerife no se lo permiten.
La posibilidad de una ley singular es perfectamente legítima en nuestro sistema jurídico. El principio de separación de poderes no está concebido para proteger al gobierno y a los Tribunales del Parlamento; sino exactamente al revés: por eso la Constitución proclama expresamente el principio de legalidad, es decir el de sometimiento pleno a la Ley –expresión de la voluntad parlamentaria– del Gobierno, la Administración y de los jueces y magistrados, integrantes del poder judicial (artículos 97, 103 y 117 de la Constitución).
Aunque no haya tenido tiempo de estudiarlo ni ahora, ni durante sus “años en la Facultad”, la portavoz socialista debería saber que existe la Reserva de Ley, pero no la Reserva de Reglamento. Tan factible es derogar por Ley una norma reglamentaria (y los planes territoriales y urbanísticos lo son), que fue esa la técnica que se utilizó para derogar el Catálogo Canario de Especias Amenazadas (Decreto 121/2001) a través de la Ley 4/2010, de 4 de junio.
Al menos una diferencia entre dicha Ley, aprobada por el Parlamento (con el voto en contra del PSOE), y la Proposición de Ley ahora rechazada con el voto del PSOE: que aquélla Ley fue concebida y utilizada para desproteger nuestra flora y fauna y permitir la construcción del Puerto de Granadilla. Y la Proposición de Ley propuesta por unanimidad por el Ayuntamiento de La Laguna perseguía exactamente lo contrario: proteger el suelo agrícola de La Laguna frente a los intereses hegemónicos de los de siempre.
Sin ir más lejos: la Disposición Derogatoria Única, apartado 3, del Anteproyecto de Ley Canaria del Suelo de Fernando Clavijo y del gobierno CC-PSOE dice textualmente: Igualmente, quedan derogadas cuantas determinaciones contrarias a esta Ley se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes (es decir, en los Planes de Ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales) en el momento de su entrada en vigor. ¿Se pueden o no derogar por Ley los planes de ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales?
De algo estoy seguro: si esta Proposición de Ley –con una historia de varios lustros de iniciativas institucionales y de movilizaciones sociales en contra de la Vía Exterior y de los intereses que están en su origen y ATI-Coalición Canaria representa– se refiriera a un asunto sensible de Gran Canaria, la diputada al menos se habría desenvuelto con un poco menos de arrogancia y un poco más de respeto a La Laguna en su intervención parlamentaria.
De todas formas: la aprobación de esta Ley habría sido plenamente inútil, si Fernando Clavijo y su gobierno logran luz verde para los “proyectos singulares de interés autonómico o insular” (artículos 124 y siguientes del Anteproyecto de Ley); ya que el sistema viario que La Laguna pretendía que el Parlamento lo derogara por Ley, podrá ser reintroducido por la puerta de atrás de la absoluta discrecionalidad del gobierno o del cabildo insular resucitándolos como proyecto o proyectos viarios de “interés insular o autonómico (que) pueden ejecutarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística” (artículo 124.3 del Anteproyecto de Ley Canaria del Suelo).
La conducta del Sr. Clavijo en todo este proceso, votando a favor de la Proposición de Ley como alcalde de La Laguna y oponiéndose a la misma como presidente del Gobierno y como líder de Coalición Canaria, es simplemente incalificable.
Santiago Pérez, La Laguna, mayo de 2016.