Ayer tarde, al entrar en Lisboa, una vez atravesados los 17 kilómetros del puente «Vasco de Gama» que cruza el Estuario del Tajo (11km), me sorprendió agradablemente un gran cartel, en una rotonda cercana a las instalaciones de la antigua Expo, con un slogan defendiendo la Escuela Pública.
Anoche, con motivo de la noche de los museos, el primer ministro portugués, Antonio Costa (socialista, -que gobierna con el apoyo del Bloco de Esquerda, Los Verdes y el PCP- y de quién Pedro Sánchez quería tomar ejemplo, antes de su pacto con Cs) declaraba que, en cumplimiento de su programa de gobierno, «Es la escuela pública la que asegura la igualdad de oportunidades a todos y da a todos la libertad de -independientemente de su condición socio-económica y del lugar de residencia-, poder tener derecho a la mejor Educación posible. Una ambición que todos hemos de tener es que en cada una de las escuelas públicas portuguesas tengamos la mejor oferta educativa que es posible encontrar en Portugal».
A esto se le llama una apuesta inequívoca por la revalorización de lo público.
Y, como era de esperar, la respuesta de la derecha portuguesa y la Iglesia Católica (principal beneficiaria) no se ha hecho esperar: El presidente de la Conferencia Episcopal portuguesa (CEP), el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, hizo pública su posición en una homilía durante las celebraciones de la Festividad de Fátima. La Iglesia tiene una gran fuerza de arrastre en Portugal.
Por su parte, la Secretaria de Estado de Educación, Alexandra Leitão, mano derecha del ministro de Educación Tiago Brandão Rodrigues, ha afirmado que «sólo 21 de los 79 colegios privados lusos con contratos de asociación (conciertos) los mantendrán como hasta ahora durante el próximo año lectivo». La secretaria de Estado afirmó también que «en septiembre 39 de los 79 centros no ofertarán los cursos de quinto de Primaria, primero de Secundaria y primero de Bachillerato». Añadió que «habrá otros 19 centros que tampoco podrán impartir todos los cursos de la enseñanza obligatoria a los alumnos».
El contraste con el Estado Español es muy notable. En Andalucía, por ejemplo, con un gobierno del PSOE desde tiempos inmemoriales, se han alargado los períodos de concesión de los conciertos de 4 a 6 años por parte de la ínclita Susana Díaz. El negocio privado de la educación, mantenida con fondos públicos, sigue creciendo, mientras se deteriora con recortes el servicio público.
Una apuesta decidida por mejorar la calidad educativa y garantizar a la ciudadanía el mejor uso posible de sus impuestos es que no se destine ni un sólo euro público para el negocio privado de la educación y se haga una oferta suficiente de plazas públicas, gratuitas y de calidad, desde los 0 años en adelante, a través de una escuela inclusiva, laica, democrática y que ofrezca posibilidades reales al conjunto de la sociedad.
Y estas ideas, en el panorama político español, sólo las defiende, de forma nítida, la confluencia electoral de Unidos (y Unidas) Podemos.