La asociación Justicia y Sociedad, representada por el letrado José Pérez Ventura, presentó a primeros de mes un escrito solicitando la recusación del Magistrado Joaquín Astor Landete, actual presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Justicia y Sociedad está personada como acusación particular en el ‘Caso Teresitas’.
Se fundamenta su petición en la declaración de un testigo protegido que durante la fase de investigación, en 2009, aseguró que los empresarios imputados Ignacio González Martín y su hijo Pedro González Santiago tenían un “hombre en los juzgados de Santa Cruz” y que había oído que lo llamaban “Landete”. Pese a ese dato la jueza instructora de este caso no investigó tal declaración Según Pérez Ventura, esta falta de investigación impidió «despejar cualquier duda al respecto” lo que “proyecta una indeleble sombra que compromete su necesaria apariencia de imparcialidad” al haber sido designado por sorteo el Magistrado Artor Landete como presidente del tribunal que juzgará el conocido como «pelotazo del siglo».
Argumentó además Pérez Ventura que la falta de investigación de la declaración de ése testigo no desveló “posibles contactos que pudieran tener los González en el ámbito judicial, tratándose además de empresarios especialmente relacionados que ostentaban, en el caso de Ignacio González, puestos de responsabilidad (Presidencia de la Cámara de Comercio) que les permitían tener acceso a otras esferas de poder y decisión, sin descartar la judicial”, dándose la circustancia que el testigo protegido realiza esa afirmación al ser preguntado sobre “quién pudo filtrar la sentencia dictada el 29 de junio de 1998 por el Tribunal Supremo”, lo que apunta indicios de una presunta red de favores que, aunque se presupone que no existe, conviene investigar para despejar cualquier duda, el propio José Pérez Ventura reconoce en su escrito que “no pudo ser la persona que desveló el contenido de esta sentencia por razones obvias relacionadas con su destino en aquel momento”, cosa que no se hizo.
Justicia y Sociedad pide en su escrito que se practiquen pruebas, concretamente el interrogatorio del magistrado recusado y el del testigo protegido, así como librar oficio al Consejo General del Poder judicial para que «certifique cuántos jueces o magistrados con apellido Landete han prestado servicio en los juzgados y tribunales de Canarias en el periodo comprendido entre 1998 a 2005 (año en que se presentó la denuncia)”.
Se presupone que la solicitud de recusación retrasará aún más la fase del juicio oral.