A falta de un marco jurídico claro que englobe el alquiler vacacional y tras numerosas sanciones a instancias de los Servicios de Inspección Turística de Canarias, en 2014 la Asociación reclama formalmente al Presidente del Gobierno una regulación lógica y acorde a la realidad avalada por unas 20.000 firmas y Manifiestos de un centenar de empresas apoyando la iniciativa.
Sorpresivamente dos días antes de las elecciones autonómicas, apareció publicado el Decreto 113/2015, que prohibía la actividad en suelo, zona y urbanización turística, quedando de esta manera, el 90% de los propietarios de viviendas vacacionales excluidos.
Desde ASCAV denuncian que el decreto fue cambiado sin el conocimiento de la Asociación, dejando en la ilegalidad a miles de familias. “De eso ellos no nos enteramos hasta días después de las elecciones. Fuimos vilmente engañados…” asegura Doris Borrego, Presidenta de ASCAV.
Recientemente, la Asociación presentó públicamente un informe jurídico independiente, de más de 100 páginas, sobre las múltiples ilegalidades e irregularidades detectadas en el Decreto 113/2015 que aprueba el Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias.
ASCAV encargó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria este informe, realizado por D. Manuel Sarmiento, profesor titular de Derecho Administrativo de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los máximos expertos en la materia de Canarias, "dada la pasividad institucional y el incumplimiento por parte del Presidente del Gobierno para proceder a la modificación del Decreto y hacer caso omiso a la voluntad del Parlamento de Canarias". Y no consideran de recibo que el Gobierno siga justificando esta demora por la elaboración de informes.
Consideran que se está atropellando y vulnerando las leyes en contra de los propietarios de viviendas vacacionales.
La pasada semana el Gobierno de Canarias ha encargado una Encuesta a una empresa privada "dada la situación de discrepancia entre los diferentes agentes turísticos implicados" con respecto al alquiler vacacional.
Dicha encuesta dará soporte el tan anunciado "informe" que se está iniciando para estudiar, si se modifica el Decreto 113/2015 y en qué sentido.
ASCAV denuncia, que la encuesta es deliberadamente sesgada y arbitraria, ya que manipula el resultado negativo para la vivienda vacacional en Canarias, cuando debería ser objetiva e imparcial.