España se ha convertido en el tercer país más demandado ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, por detrás de Argentina y Venezuela
{mosimage}eldiario.es.- Hasta 23 inversores extranjeros han denunciado al Gobierno español ante tribunales de arbitraje por los recortes que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha llevado a cabo en el sector de las renovables. Y es que, según los empresarios del sector, dejarán de obtener beneficios millonarios a causa de los cambios normativos.
Según destaca este lunes Infolibre la última denuncia fue presentada por los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, el pasado 12 de agosto, ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Se trata un organismo internacional de arbitraje y resolución de conflictos que depende del Banco Mundial.
Desde 2013 se han interpuesto en este mecanismo hasta 19 demandas, pero a ellas hay que añadir otras tres denuncias presentadas ante la Cámara de Comercio de Estocolmo y una más en la Comisión de la ONU para el derecho mercantil internacional (Uncitral).
Los reclamos de los inversores se basan en la reforma que se materializó en el año 2014, cuando el Gobierno estatal estableció un nuevo sistema de cobro de las primas. Este consistía en calcular una "rentabilidad razonable" conectada a la deuda pública española para toda la vida útil de cada instalación. Se trató de una medida que significó que las subvenciones a las renovables se redujeran en 1.700 millones, tal y como recogen los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El secretario de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Juan Castro-Gil, asegura que el arbitraje en este tipo de tribunales se apoya en la Carta de la Energía. Este documento avala a las empresas que hayan invertido en energías renovables en España y se hayan visto perjudicadas por los cambios normativos para que puedan denunciar al Estado.
La primera de las demandas presentadas de forma conjunta por 15 inversores en Uncitral reclama hasta 600 millones de euros, según explica el diario El País. Y es que, Castro Gil explica que la cuantía que se puede exigir dependerá de la capacidad generadora de la instalación y de su antigüedad.
Además, el patrono de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra alerta de que los costes por posibles indemnizaciones se pagarían a través de los Presupuestos Generales del Estado y advierte de que a ello hay que añadirle el elevado precio que supone mantener litigios.
InfoLibre señala que ha intentado conocer la versión del Ministerio de Industria sobre este asunto, pero la respuesta que han obtenido ha sido que los responsables se encuentran "de vacaciones" y que nadie podría responder sobre ello "hasta final de mes".