{mosimage}{mosimage}Audio de la concentración
Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cáritas y Acción en Red han acusado hoy al Gobierno canario de "vulnerar un derecho humano básico" al retirar su tarjeta sanitaria a 48.000 inmigrantes que, según sus cifras, han quedado excluidos del servicio de salud.
Según las ONG, la tarjeta especial habilitada en Canarias ofrece muchas menos prestaciones y conseguirla resulta muy difícil.
Así lo han asegurado representantes de todas ellas durante una protesta que han llevado a cabo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Las Palmas de Gran Canaria ante la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico, donde han pedido la dimisión de la titular del departamento, Brígida Mendoza (CC).
En esta consejera han personificado la responsabilidad política que opinan que ha asumido el Gobierno canario, al aplicar la normativa estatal que estableció que desde septiembre de 2012 se excluyera de la sanidad pública a los extranjeros que residen irregularmente en el territorio español. A su juicio, la comunidad autónoma podría haberse negado a cumplir esa directriz.
Sin embargo, el Ejecutivo regional ha optado por crear una tarjeta sanitaria especial que "es muy difícil de conseguir", ya que para obtenerla se piden numerosos documentos y requisitos que no suelen estar al alcance de sus potenciales beneficiarios, y que, además, no da derecho a tener medicamentos ni otros servicios necesarios, ha dicho la portavoz de Acción en Red Jenny Sadhawani.
Tras leer un manifiesto en el que se afirmaba que en Canarias "no se han tomado las medidas necesarias para garantizar el derecho humano a la salud a todas las personas" todavía, pese a que han pasado dos años desde que se aseguró que se iba a hacer así, Sadhwani ha recalcado que prueba de lo complicado que es obtener dicha tarjeta es que solo la tengan unas 100 personas entre 48.000.
Su denuncia ha sido respaldada por una titular de ese documento, la mauritana Touty Ndiaye, quien ha querido relatar en la calle las peripecias y situaciones a las que tuvo que enfrentarse durante más de 40 días a partir del momento en que le retiraron la tarjeta sanitaria común que había tenido antes y comenzó a tener problemas al no tratarse un problema de diabetes que padece.
"Un día, de pronto, me dijeron que ya no tenía tarjeta sanitaria y me prohibieron pasar a la consulta de mi médico, ni siquiera para despedirme", ha rememorado rodeada de manifestantes con pancartas y hablando con un megáfono de su experiencia.
Y ha destacado que, desde ese instante, comenzó a sufrir las consecuencias de irse quedando sin los medicamentos y sin la asistencia médica a los que hasta entonces había tenido acceso de forma gratuita, y que comenzó a temer por su vida al no encontrar salida a su situación.
Puesto que ni siquiera cuando desde una ONG le informaron de que podría solicitar una tarjeta sanitaria especial solucionó sus problemas, porque le exigían documentos que tuvo que reclamar en diversas visitas al consulado de su país y a trabajadores de los servicios sociales, en gestiones que se demoraron más de un mes.
Además, Jenny Sadhwani ha subrayado que tampoco sus problemas se acabaron al conseguir la tarjeta especial, porque no da derecho a medicamentos que Touty Ndiaye ha tenido que adquirir pidiendo dinero prestado a amigos o ayuda a Médicos del Mundo y otros.
Y ha destacado que los titulares de esa tarjeta especial sufren otras discriminaciones respecto a quienes poseen la sanitaria habitual, como que no tienen acceso a pedir cita médica por internet ni por teléfono y solo pueden hacerlo acudiendo en persona a su centro de salud o como que, para poder conservarla, cada año deben volver a renovar toda la documentación que dieron al principio.