{mosimage}Más de la mitad de los parados inscritos en Canarias, el 50,6%, no cobra prestación ni subsidio alguno por su condición de desempleados, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las cifras de beneficiarios de la protección pública por desempleo correspondientes al mes de octubre, que se han conocido hoy, indican que en las islas 46.483 parados cobran la prestación contributiva, 62.853 el subsidio y 21.980 la renta activa de inserción.
En la provincia de Las Palmas, 68.231 parados reciben alguna prestación, pero dado que octubre registró 140.789 desempleados, significa que 72.558 carecen de cualquier tipo cobertura (51,5%).
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el mes de octubre se cerró con 125.002 parados, de los cuales 63.085 reciben alguna renta pública, por lo que 61.917 no cobra prestación ni subsidio alguno (49,5%).
En octubre, el Estado desembolsó en Canarias 90,9 millones de euros para pagar las coberturas por desempleo. De esa cantidad, 52,7 millones corresponden al pago de prestaciones contributivas, 28,9 millones al abono de subsidios y 9,3 millones a las rentas activas de inserción.
Según los últimos datos disponibles, la prestación contributiva media en Canarias sigue siendo la segunda más baja de España, con 742 euros mensuales (64,1 euros menos que la media, 806,1 euros/mes). Las prestaciones medidas más altas corresponden al País Vasco, con 898,4 euros, y a Navarra, con 901,3 euros mensuales.
El crecimiento económico sólo se podrá afianzar mediante leyes presupuetarias generadoras de actividad económica y empleo para mejorar la inversión y el poder adquisitivo de la población
En Canarias disminuye el desempleo y se incrementan los cotizantes a la Seguridad Social. No obstante, la temporalidad contractual es tan elevada, que la rápida creación de empleo tiene como respuesta la destrucción inmediata del mismo una vez finalice los puntuales incrementos en la cartera de pedido de las empresas. Es por ello que si no se apuesta por conformar presupuestos públicos que garanticen esta tendencia, ante la falta de inversión privada debido al contexto de incertidumbre, la política económica imperante dirigida hacia las relaciones laborales y la actividad económica ocasionará una mayor destrucción de empleo en un futuro.
Para afianzar esta situación se debe generar el entorno adecuado para incrementar el consumo vía rentas provenientes del empleo y de la inversión a través de la negociación colectiva y el consenso. Actualmente no existe el apalancamiento necesario para mantener la recuperación, puesto que no se han llevado a cabo planes sectoriales específicos que pudieran incentivar la actividad productiva y la contratación, sino que las políticas económicas imperantes van en dirección contraria. Para trasladar dicha recuperación de forma sostenida al campo del empleo habrá que esperar a tasas de crecimiento económico lo suficientemente altas para provocarlo. De ahí que hay que demandar un mayor esfuerzo a las políticas públicas para que sostenga rentas que permita a las familias sufragar sus deudas a la vez que fomente el consumo y potencie la cartera de pedidos de las empresas para que éstas rentabilicen sus inversiones y generen más empleo.