Denuncian que la enmienda solo pretende dar cobertura legal a la RPT del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, paralizada por el TSJC
{mosimage}SB-Noticias.- La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias y el sindicato UGT coincidieron este lunes en rechazar la enmienda presentada por el Partido Popular al anteproyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y sociales que se tramita en el Parlamento de Canarias.
Esta enmienda pretende convertir en funcionarios interinos al personal laboral de las administraciones locales Canarias, lo que es no solo inconstitucional, sino enormemente perjudicial para los 18.000 empleados afectados.
Para los sindicatos, esta enmienda no es legalmente sostenible, pues esta regulación del personal laboral y funcionariado de las administraciones locales evade el ámbito competencial del Parlamento canario. Así, el Estatuto Básico del Empelado Público, que es una legislación de carácter nacional, señala en su artículo 10.2 que "La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Por este motivo, no es posible que el Parlamento canario establezca una conversión automática que evite el concurso oposición, pues supondría una infracción del artículo 149 de la Constitución, que impide a las comunidades autónomas regular en materia reservada al Parlamento central.
Para FSC-CCOO y UGT, la enmienda del Partido Popular trata de dar amparo legal a la Relación de Puestos de Trabajos (RPT) aprobada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, RPT que ya fue contestada por todos los sindicatos y suspendida cautelarmente, mediante tres autos, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De manera análoga, también el alto tribunal canario ha paralizado, esta vez mediante sentencia firme, una propuesta en el mismo sentido del Ayuntamiento de La Candelaria.
Los sindicatos recuerdan que rechazan la posibilidad de convertir a los indefinidos en funcionarios interinos porque resulta perjudicial para los intereses de los trabajadores, ya que dicha figura facilita el despido sin indemnización alguna para funcionarios interinos vía amortización de puestos de trabajo. Asimismo, el personal laboral tiene mayor grado de protección al amparo del convenio colectivo, estatuto de los trabajadores y en el ámbito judicial por la jurisdicción de lo social cuyo principio rector es la protección de los trabajadores.
Los sindicatos advierten que con iniciativas como la del PP se pretende dar carta blanca a las administraciones para incumplir la legislación laboral sobre contratación de personal, creando un espacio de excepción de total impunidad en el ámbito de las administraciones y sector público en general, ya que el incumplimiento de las normas laborales en materia de contratación no tendría consecuencia alguna, a diferencia de lo que el ordenamiento jurídico contempla para el resto de trabajadoras y trabajadores.