Silvia Rodríguez Court, miembro del STEC-IC
{mosimage}Ciertamente, la Ley Canaria de Educación contempla una inversión insuficiente para las necesidades del sistema educativo público de Canarias y no apuesta por una única red, la pública. Reconoce la red de centros concertados, aunque regula normas relativas a su control y a las normas de admisión del alumnado. Lo deseable habría sido declarar la desaparición paulatina de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Sin embargo, si el actual Gobierno de Canarias y los futuros Gobiernos aplicaran el texto de la Ley Canaria de Educación, la misma puede suponer un muro frente a la LOMCE. Por tanto, un fortalecimiento de la educación pública y de su calidad y una mejora sustancial de las condiciones laborales y profesionales del conjunto de los docentes. Destacar algunos ejemplos:
– La LOMCE contempla solo la programación de las distintas enseñanzas, pero no garantiza la prestación del servicio educativo. La Administración educativa está en las mismas condiciones que los agentes y centros educativos privados para realizar ofertas educativas. Si un centro privado acredita alumnado suficiente, la Consejería de Educación está obligada a concertar. Sin embargo, la Ley Canaria de Educación contempla la regulación y prestación de las distintas enseñanzas mediante ofertas de plazas públicas.
– La LOMCE abandona la etapa infantil de 0 a 3 años y la de 3 a 6 años, apostando por su privatización. La Ley Canaria de Educación garantiza plazas públicas en toda la etapa infantil. Además, apuesta decididamente por las actuales Escuelas Unitarias.
– La Ley Canaria de Educación regula la prestación de servicios y las ofertas de plazas por la Administración educativa en las enseñanzas que la LOMCE considera no obligatorias y las abandona: las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOIs), Los centros de Adultos, las Enseñanzas de Artes, de Música, Deportivas.
No obstante, respecto al Nivel Básico de las EOIs y algunas Enseñanzas Artísticas plantea que pueden impartirse en centros privados autorizados y abre en esos supuestos la puerta a una preocupante privatización.
– La LOMCE le concede al director/a de un centro la potestad para gestionar todos los recursos humanos, materiales y financieros; el derecho a conformar sus claustros y a rechazar los nombramientos de los interinos/as de las actuales listas de empleo. La Ley Canaria de Educación reconoce como máximos órganos de gobierno a los consejos escolares y a los claustros. Recupera la gestión, el control y la participación democrática de la comunidad educativa.
– La LOMCE permite que un director/a de un centro presente un proyecto para especializar su centro y será el director/a quien seleccione al profesorado que formará parte de su proyecto. La Ley Canaria de Educación le encomienda el proyecto educativo al consejo escolar.
– La LOMCE consagra el sistema de concurso- oposición, sin plantear alternativas para los 3.200 interinos de Canarias. La Ley Canaria de Educación plantea la estabilidad al menos para los docentes interinos mayores de 55 años.
– La Ley Canaria de Educación reclama la evaluación continua frente a las reválidas de la LOMCE y obvia los itinerarios consagrados en la LOMCE.
– La LOMCE regula unos programas de refuerzo para el alumnado, siempre que los resultados del alumnado no obedezcan a falta de estudio o de esfuerzo y rendimiento. Excluye, por tanto, al 90% del alumnado. La Ley Canaria de Educación contempla un Plan Especial de Atención a la
Diversidad (PEAD), diversos programas de refuerzo en las distintas etapas educativas y un aumento de recursos para los centros educativos públicos.
– La LOMCE contempla la cesión de suelo público a los empresarios para la construcción de centros educativos privados. La Ley Canaria de Educación, no.
– La Ley Canaria de Educación defiende una educación plurilingüe a cargo de la Administración educativa. La LOMCE establece una segunda lengua extranjera como materia optativa a elegir entre otras muchas materias.
– La Ley Canaria de Educación plantea una atención prioritaria a la mejora de las condiciones laborales del profesorado, encomendándole esta tarea a la consejería competente. Asimismo se compromete a negociar el sistema retributivo del profesorado de Canarias tomando como referencia la media retributiva del resto de las comunidades autónomas. Esta Ley contempla la necesidad de dignificar la labor docente, la disminución de las ratios, la simplificación de la carga burocrática en los centros, servicios de apoyo con la incorporación de distintos profesionales, medidas para estabilizar las plantillas, entre otros.
La Ley Canaria de Educación es sin lugar a dudas un avance muy importante frente a la LOMCE. Ciertamente no recoge el cien por cien de las aspiraciones y demandas de las distintas comunidades educativas y de los distintos agentes del ámbito de la educación pública. Sin embargo, ha recogido la mayoría de los aspectos contemplados en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada entre otros por el STEC-IC con el respaldo de más de 36.000 firmas de apoyo.
En nuestras manos está reclamarle al actual Gobierno de Canarias y a los futuros Gobiernos el cumplimiento, la aplicación y el desarrollo de esta Ley, al tiempo que seguir demandando más mejoras y medidas para fortalecer el sistema educativo público.