{mosimage}Cataluña, Andalucía y Canarias han exigido al Gobierno que ponga en marcha la reforma del sistema de financiación autonómica para que entre en vigor en 2015 tal y como se había comprometido, mientras que otras comunidades se han mostrado comprensivas con la dificultad para hacerlo en los próximos meses debido a la falta de recursos, como ha argumentado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
"Le he preguntado y no tiene ninguna fecha, sólo se ha comprometido a que en el próximo Consejo se aporten las conclusiones de los grupos de trabajo sobre esta materia que ya se remitieron en marzo", ha lamentado la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María José Montero, quien ha asegurado que el ministro les ha trasladado que "mientras que no haya recursos no va a haber modelo de financiación".
Desde Canarias, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel –que ha sustituido al consejero David González Ortiz porque éste no ha podido asistir–, se ha pedido a Montoro que modifique ya el sistema de financiación de las comunidades autónomas porque estaba previsto que se hiciese a la vez que la reforma fiscal, y ha recordado que Canarias está "tremendamente perjudicada" por el sistema actual.
A su entender, el ministro pretende aplazar esa revisión "hasta que haya más recursos", una postura que Canarias rechaza porque "se está encomendando todo a una recuperación económica que en este momento es incierta".
También Cataluña ha censurado que no haya nuevo modelo, según ha explicado su consejero Andreu Mas-Colell, que cree que el hecho de que el Gobierno haya anunciado que las entregas a cuenta se aumentarán en 3.900 millones de euros por el incremento de la recaudación demuestra que está dispuesto a seguir aplicando el sistema de financiación vigente.
Otra de las comunidades que durante los últimos meses ha sido más exigente con un nuevo modelo ha sido la Comunidad de Madrid, que este jueves ha propuesto al Ministerio una solución "transitoria" consistente en incrementar el porcentaje de entregas a cuenta a las comunidades de un 98 a un 102 por ciento, que permitiría compensar a las regiones más perjudicadas hasta que haya un nuevo sistema.