Carlos González declara ante la juez que instruye este caso que no tienen ninguna intención de reanudar las actuaciones
laopinion.es/viernes, 13 de noviembre de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. El jefe de la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, declaró ante la jueza que instruye el conocido como caso mamotreto que en contra de lo asegurado desde el Ayuntamiento, lo cierto es que el organismo estatal prácticamente no fue informado de ninguna actuación que tuviera que ver no ya con la regeneración de la playa sino incluso con la construcción de este edificio de aparcamientos y centro comercial.
A González no le consta que Costas recibiera información de las resoluciones dictadas por Urbanismo desde el año 2004 sobre la reordenación de Las Teresitas, ni se le comunicara el inicio de la ejecución de las obras. Menos aún fueron invitados al levantamiento del acta de replanteo y mucho menos todavía se le llegó a pedir autorización para la aprobación del proyecto.
Sospechas. Más extraño resulta aún que González diga que se enteraron de la ejecución del modificado uno en el edificio de aparcamientos y centro comercial, que consistía en la construcción de otra planta más bajo tierra, "por sospechas". De lo que se desprende de las palabras del jefe de Costas es que ambas administraciones estuvieron trabajando en la redacción de un convenio que finalmente no se llegó a firmar porque la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007 anuló la compraventa de los terrenos y había dudas de si el Ayuntamiento era realmente el propietario o no de los terrenos que tenía que ceder al dominio público.
El interlocutor en las pocas conversaciones que parecieron existir entre ambos organismos fue el anterior gerente de Urbanismo, Jose Tomás. Importante fue el escrito que Costas remitió al Ayuntamiento a finales del año 2007 en el que advertía de la falta de autorizaciones para llevar a cabo las obras.
Hasta entonces no se había hecho esta advertencia porque estaban a punto de firmar el convenio, aunque lo cierto es que ya se había encargado un informe al Abogado del Estado para que dictaminara de qué manera podía influir la sentencia del Supremo sobre la firma del convenio.
De lo que se desprende de estas declaraciones es que Costas no tiene ninguna intención de conceder autorización al Ayuntamiento para que continúe las obras y mucho menos de ejecutar su fase. En cuanto al edificio que se iba a construir en el fondo de la playa que consiste en unas gradas y en un sótano, el jefe de Costas indicó que de haberse llevado a cabo, hubiese invadido dos metros aproximadamente de dominio público.
Un aspecto especialmente peliagudo es lo referente a la tramitación del deslinde de la playa. Para el Ayuntamiento esta línea debía pasar por el muro, mientras que para Costas básicamente se queda como en el año 1961 pero apostando en determinados tramos por ganar más suelo público. En lo que respecta a la zona del mamotreto las diferencias son nulas. El jefe de Costas recordó que en su momento adjudicaron su parte de las obras a la empresa Acciona a la que luego tuvieron que pagarle daños y perjuicios pero no por rescindir el contrato, ya que este paso nunca se llegó a dar.
Sin embargo, admite el jefe de la Demarcación de Costas que el organismo estatal adjudicó su parte de las obras sin firmar el convenio entre las dos administraciones. González indicó que el Ayuntamiento hubiese necesitado una concesión administrativa para llevar a cabo la obra proyectada pero que en cuanto a la ejecutada lo cierto es que se enmarca en su totalidad en la zona de servidumbre que es competencia del Gobierno canario.
De las palabras del jefe de Costas ante la jueza se deduce que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno canario han dado ya los primeros pasos para solicitar a Costas la autorización de la obra. La respuesta del organismo estatal ha sido que le remitan un proyecto concreto para poder informar ya que no saben si se está hablando de la obra ejecutada o de lo proyectado. "Le hemos contestado que necesitamos el proyecto para poder evacuar el informe, porque ignoramos sobre lo que tenemos que informar", indicó.
A preguntas de Alfonso Delgado, abogado defensor de la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, sobre si las obras y proyectos aprobados antes del año 2006 estaban afectadas por la suspensión cautelar de licencias que se otorga cuando se tramita un deslinde y que en el caso de Las Teresitas corresponde precisamente a ese ejercicio, el jefe de Costas dijo que no ocurría así en este caso.