Técnicos del Apmun, extrañados de que no se tomaran medidas cautelares por la falta de licencia
laopinion.es/martes, 23 de junio de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. Los técnicos de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apnum), Carlos Lamas y Carlos González, que declararon el pasado jueves por el conocido como caso mamotreto, confirmaron ante la jueza titular del juzgado número 4, Juana María Hernández, y la fiscal, Inmaculada Violán, que de no haberse paralizado las obras de construcción de este edificio situado al inicio de la playa de Las Teresitas, se hubiera invadido dominio público propiedad de Costas. En concreto, se calcula que el edificio, en caso de haberse acabado, ya llegaría a invadir cien metros cuadrados de suelo del organismo estatal, sin contar con permiso para ello.
Lamas ratificó que efectivamente parte de la edificación invade zona de servidumbre propiedad del Gobierno de Canarias y que por lo tanto al no contar con la preceptiva autorización no se ajusta al ordenamiento normativo vigente, aunque sí a las demás normas que se refieren al uso y a la edificabilidad.
Lamas se extrañó de que no se hubiesen tomado desde el primer informe las medidas cautelares que allí se contemplaban, como era solicitar la autorización de la que carecían y paralizar las obras, "porque era evidente que no por el hecho de no invadir en aquellos momentos suelo de Costas, la licencia debería tener preceptivamente el informe de autorización previo". "En caso contrario, esa licencia debe ser revisada", añadió el técnico de la Apnum.
Licencia. El técnico considera que además del proyecto debería existir un permiso para esa edificación concreta "porque se trata de un proyecto de edificación y por lo tanto requiere una licencia previa al expediente de contratación". Lamas manifestó que desconocía si existe una resolución de paralización de las obras por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, ya que tan sólo le consta que las mismas están suspendidas.
Acopios. Este técnico reflejó en su informe que el dominio público de Costas había sido invadido por acopios que provenían de los movimientos de tierra que se estaban haciendo en las obras de la ladera, "ignorando si eran obras del proyecto".
Por su parte, Carlos González admitió ante la jueza y la fiscal que las obras invadían tanto la servidumbre como la zona de dominio público, aunque no pudo concretar en qué cantidad exactamente, ya que ésta varía en unos dos o tres metros dado que existía un error entre la línea de deslinde del proyecto y la de Costas.
González ratificó que las obras invaden la zona de servidumbre y que se localizaron acopios que hacían lo propio en la de Costas. En el primer caso después de ciertos errores en la medición, finalmente se determina que teniendo en cuenta las fotografías aéreas y trasladadas a las mediciones que hicieron con el levantamiento taquimétrico se estaría hablando de seis metros y medio.
Indicó el técnico que el planeamiento permite tanto la planta de más bajo rasante que se aprobó durante la época en la que Luz Reverón era concejal de Urbanismo, aunque no se pidió permiso, como incluso otra más ya que se admiten dos alturas sobre rasante. Indicó el técnico que de haberse continuado con las obras, éstas hubiesen invadido el dominio público ya que habrían cubierto las casetas de la Cofradía de Pescadores y que en cuanto a la servidumbre de protección, se hubiera visto completamente cubierta.
El resto de las actuaciones que se preveía ejecutar en la playa que consisten en su urbanización y mobiliario urbano también habrían invadido dominio público, especialmente el que está ahora en vigor. No pudo concretar González si se podría permitir el uso comercial, aunque en cualquier caso estos locales se iban a situar en suelo urbano. Lo que sí negó de forma rotunda es que se contemple ningún uso residencial en este espacio. No conocía del edificio en el fondo de la playa.
En la causa abierta hace ya un año por la Fiscalía del Medio Ambiente están imputados el anterior concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y la actual titular de este área. El grueso de las acusaciones se basan en que las obras se iniciaron sin ningún tipo de permiso para ejecutar el edificio pero tampoco se hizo lo propio con el modificado para construir una planta bajo rasante. Costas en su momento advirtió de la ilegalidad de los trabajos y pidió la paralización.