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Home»Noticias»Corrupción»«Los técnicos me dijeron que no había que pedir autorización»

«Los técnicos me dijeron que no había que pedir autorización»

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By WebMaster on mayo 20, 2009 Corrupción
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Parejo declara que "es imposible" que él supiera que el edificio invadiría la servidumbre, pues el expediente lo llevaba Plasencia

diariodeavisos.com/miércoles, 20 de mayo de 2009.-Vicente Cruz, Santa Cruz de Tenerife. Quien fuera concejal de Urbanismo cuando se aprobó el proyecto de reordenación de la playa de Las Teresitas, Manuel Parejo, ha declarado ante la juez del caso Mamotreto que los técnicos municipales le dijeron que"no había que pedir" la autorización del Gobierno canario, para que el edificio de aparcamientos y locales comerciales situado al comienzo de la playa, se pudiera construir en servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Parejo –en la actualidad concejal adjunto a la Alcaldía– está imputado por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, precisamente por la construcción de este edificio sin el permiso expreso del Ejecutivo canario, que cofinanció las obras y que desde que la fiscal Inmaculada Violán presentó la denuncia dejó claro que legalizaría el edificio por su interés público. Urbanismo pediría en septiembre de 2008 esa autorización, cuando la investigación de la Fiscalía estaba ya avanzada.

El concejal, que compareció el pasado martes 12 de mayo ante el Juzgado, dijo que, cuando se aprobó el proyecto original en 2004, era "imposible" que él supiera que el edificio ocuparía servidumbre ni dominio público, pues dijo no tener "responsabilidad" sobre los servicios que llevaron este proyecto, es decir, el área de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras, dirigida por Norberto Plasencia, según aclaró el propio ex edil de Urbanismo.

Parejo reconoció que en 2006 la Dirección General de Costas le notificó que había iniciado el trámite de un nuevo deslinde público de la playa, pero dejó claro que este organismo estatal hasta en "seis ocasiones" había informado antes al Ayuntamiento de que esta línea iba por el muro de la playa,con lo cual, dijo, se entendió que el deslinde estaba en esa posición. El deslinde finalmente aprobado -en febrero de este año- fue otro: dejaba fuera el edificio de aparcamientos pero no varias parcelas que en 2001 compró el Ayuntamiento por 55,2 millones de euros a Inversiones Las Teresitas SL.

En todo caso, Parejo indicó que entendía que "tácitamente estaban dados los permisos" de Costas, pues este organismo había aprobado el proyecto, lo había publicado e incluso llegó a licitar su parte, pese a que, a raíz de la sentencia de 2007 que anuló la compraventa del frente de playa, decidió dar marcha atrás. En este punto, Parejo dijo que Costas se negó a firmar el convenio para el proyecto de ordenación de Las Teresitas, "porque cambió radicalmente su posición inicial, e hizo unas peticiones que no tenían nada ver con las actuaciones anteriores".

El edil recordó que en diciembre de 2006 comenzaron las obras del conocido por sus detractores como el Mamotreto de Las Teresitas, y admitió que la asociación ecologista ATAN envió un escrito a Urbanismo, que los servicios júridicos"contestaron como consideraron conveniente, por ser cuestiones técnicas". Cabe recordar que ATAN advirtió de que no se podían ejecutar obras mientras se tramitara el nuevo deslinde, otra de las irregularidades advertidas ahora por la Fiscalía en su denuncia.

En cuanto a la modificación del proyecto original del edificio de aparcamientos para incluir una segunda planta subterránea, Parejo dijo que fue el arquitecto Dominique Perrault -autor del proyecto- quien pidió este cambio cuando él aún era concejal, pero que "no estuvo en los actos posteriores" [a partir de junio de 2007 lo sustituyó en el cargo Luz Reverón, también imputada]. Detalló que el informe de este modificado lo firmó Loreto Arís Alonso, jefa de servicio de Proyectos Urbanos.

Sobre el proyecto, enumeró a los funcionarios que intervinieron en el expediente: la citada Loreto Arís; Epifanio Gómez como director técnico ("dio cuenta de que el proyecto cumple con las determinaciones de la planificación urbanística"), un técnico de coordinación administrativa "que es quien elabora la propuesta" y "un técnico del servicio de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras" [a estos dos últimos no los llamó por su nombre].

En reiteradas ocasiones fue interrogado por Violán sobre si los técnicos advirtieron de alguna irregularidad o pusieron algún reparo al proyecto aprobado en 2004, y su respuesta fue siempre la misma: "No, en absoluto". Lo mismo arguyó al ser cuestionado sobre si el concejal de Obras, Norberto Plasencia, había advertido de algún defecto técnico en el proyecto.

Esta causa penal se abrió a raíz de denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente presentadas por ATAN, el PSOE y la Asociación de Amigos de Las Teresitas.

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