La Opinión de Tenerife/12 de febrero de 2009.-PEDRO GUERRA, Tenerife. ¿Fue un cúmulo de irregularidades independientes llevadas a cabo sin ningún tipo de organización o el pelotazo de Las Teresitas responde a una maquinaria político-empresarial puesta en marcha de forma coordinada y con el fin de delinquir? Ésa es la duda que existió en la actualidad en la Fiscalía Anticorrupción para definir penalmente el caso cuyo sumario ocupa gran parte del despacho de la magistrada Carla Bellini.
Según los datos que ha podido manejar este periódico, la teoría de que el delito de asociación ilícita pudiera imputarse en el caso Las Teresitas no es ningún disparate y, con los argumentos que pudieran encontrarse en la parte del sumario que aún permanece secreto, es muy posible.
Según recoge el Artículo 515 del Código Penal, "son punibles las asociaciones ilícitas", y para definir la actuación de los imputados en Las Teresitas habría que ceñirse a lo que reza en el apartado primero del citado artículo: se considera delito a "las asociaciones que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión".
Es por ello que, según el Artículo 515 del Código Penal, se podría encuadrar lo ocurrido en el caso Las Teresitas como un ejemplo de asociación ilícita. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción tendría que hilvanar toda la trama desde el principio y cuadrar los papeles de todos y cada uno de los agentes que participaron en la ejecución del pelotazo.
Para empezar, es clave delimitar el papel del abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek, que como ha quedado probado cobró tanto de la parte que lo contrató (la Junta) como de Inversiones Las Teresitas, la sociedad propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia, que ganó 120 millones de euros en la operación.
En este punto, la relación entre la parte que compra los terrenos de la playa y la que los vende parece acreditada con la figura del letrado Mauricio Hayek.
EL CRÉDITO. Otra pata para poder imputar el delito de asociación ilícita está en el crédito que se concedió a Inversiones Las Teresitas. Con una presunta filtración de una sentencia del Tribunal Supremo que otorgaba a los terrenos la posibilidad de construir en el frente de playa, la investigación tendrá que acreditar si los altos cargos de la entidad bancaria estaban informados de todos los datos y por eso accedieron a la concesión del crédito sin apenas garantías.
Y por último está el Ayuntamiento de Santa Cruz, con Miguel Zerolo a la cabeza. En este punto, la investigación deberá acreditar que el consistorio era conocedor de la intención de los empresarios de dar el pelotazo, y facilitó el mismo con recalificaciones de suelo y a través de la compra del frente de playa por un valor muy superior al de mercado. Esta parte, por lo que se ha sabido en fuentes consultadas, también parece acreditada para imputar la asociación ilícita.