Diario de Avisos / 18 de junio de 2008.- William Hernández. Santa Cruz. Una vez más, y no son pocas, el Valle de Las Huertas se despertó sobresaltado. Ayer los vecinos paralizaron las obras de la urbanización que promueve Mapfre, poniéndose delante de las tres palas que invadían lo que consideran su propiedad. En esta ocasión tenían además un nuevo argumento: "La licencia de obras está caducada", según el representante de los vecinos, Guillermo Acuña, quien añadió que "los trabajos deberían haberse iniciado el 20 de diciembre de 2004, pero estas obras no tenían plazo para la ejecución". No obstante "al no tener plazo, la empresa tenía dos años para finalizar los trabajos, según nuestro asesor jurídico, así que en diciembre de 2006 debían acabarse las obras", aclaró Acuña.
Para los vecinos, la promotora "debía haber realizado un nuevo proyecto de urbanización, puesto que la licencia caducó", afirmó Acuña, quien sostuvo que el Ayuntamiento "tiene total conocimiento de ello", al tiempo que acusó al Consistorio de negarles la documentación a los afectados. "Las pruebas que tenemos las hemos conseguido por nuestros propios medios y no gracias al Ayuntamiento", dijo el representante vecinal. Acuña informó de que el lunes presentaron en el Registro municipal otras cinco pruebas documentales para demostrar la titularidad de las parcelas.
Ayer, Las Huertas amaneció con palas amenazantes. Eran las 7.00 horas y el principio de un largo día. En la maratoniana jornada no faltó casi nadie: afectados directos; vecinos que apoyan moralmente a los afectados e incluso cuatro ciudadanos que, ajenos al grupo de afectados, prorrumpieron con proclamas independentistas y a favor de la República, que rompían el clima de diálogo que pese a todo tenían los vecinos ante los trabajadores de la contrata que ejecuta las obras, Dragados.
También estuvo la Policía Nacional, a instancias de Dragados, así como el jefe de seguridad de Mapfre Inmuebles, quien explicó a los agentes que la obra "tiene autorización municipal". Previamente, los mismos policías pidieron a los vecinos sus DNI y las escrituras de propiedad. Posteriormente, la Policía Nacional se retiró para comprobar tanto la licencia de obra como la titularidad de los terrenos de las parcelas que reclaman los vecinos. Pero la Policía nunca volvió y las obras permanecieron paralizadas durante todo el día, con los vecinos vigilantes para evitar que las excavadoras volvieran a invadir los solares que reclaman como suyos.
Actualmente Mapfre Inmuebles realiza el viario de una urbanización de unas mil viviendas, dotada también de infraestructuras como un colegio y un parque. La filial de la compañía aseguradora compró el valle a Inversiones Las Teresitas SL por más de 96 millones de euros, que a su vez los adquirió a la Junta de Compensación, incluidas las 32 parcelas que reclaman los vecinos, terrenos que la Junta había renunciado a expropiar en 1977, por lo que los vendió sin consentimiento de los propietarios. Precisamente este es el quid de este conflicto: la titularidad de los terrenos. De las 32 parcelas, se ha demostrado ya en los tribunales que dos -las 77 y 99 pertenecientes a Jacinta Baute y Francisco Albendín- fueron vendidas de forma ilegal por la Junta.
La versión de Urbanismo.
La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, quien ayer no se desplazó a Las Huertas, defendió la legalidad de las obras porque "existe un informe técnico jurídico que dice que no se pueden paralizar y además está aprobado en el pleno municipal". De esta forma intentaba aplacar las críticas de los vecinos. Mientras los afectados manifestaron la poca ayuda de la edil, Reverón, sin embargo, tenía otra visión de las cosas: "Yo he estado en contacto con ellos y han tenido la máxima colaboración por nuestra parte". Cuestionada sobre la presencia policial, Reverón dijo que la Policía Nacional había acudido porque "existía un problema de orden público".
En cuanto a la posible caducidad de la licencia, la responsable de Urbanismo comentó que "es cierto que hay un proyecto de urbanización que se aprobó el 20 de diciembre de 2004, pero esa caducidad viene regulada en el sistema de planeamiento de Canarias, que aprobó el Gobierno canario el 21 de diciembre de ese mismo año, pero entró en vigor en febrero de 2005, y por tanto la caducidad no se aplica a los efectos anteriores".
Así todo, no mostró preocupación al respecto, ya que "si los vecinos consideran que el proyecto ha caducado, están en su derecho de ir a las vías adecuadas a denunciarlo; me parecerá bien".