La Opinión / 5 de junio de 2008.- Hoy nadie duda de que el abogado Mauricio Hayek, en la actualidad detenido, jugó un papel fundamental en la urbanización y compraventa de Las Teresitas. Incluso él en las apariciones públicas que ha dado se ha atribuido y reivindicado este mismo protagonismo. Los propietarios expoliados también lo reconocen así.
N.R. Hayek mantiene la curiosa teoría de que los ambiciosos planes de urbanización que se pensaban llevar a cabo en Las Teresitas nunca se ejecutaron, no precisamente por algún interés medioambiental o de sostenibilidad, sino porque la inversión interesada en nuevas infraestructuras y equipamientos turísticos en la Isla prefería siempre en el último momento dirigirse a la zona sur y al Puerto de La Cruz. En un libro publicado sobre la historia reciente de esta playa, uno de sus autores, Ramón Trujillo, indica que incluso así lo hicieron algunos de los propietarios del Polígono.
En unas sorprendentes declaraciones, Hayek alababa la Plataforma en Defensa de la playa de Las Teresitas, Anaga y su litoral, constituida en el año 2000 precisamente por muchos que se sintieron expoliados por la actividad de este abogado. De hecho, indica que la actividad de la plataforma fue decisiva para que el Ayuntamiento se decidiera a comprar el frente de la playa. Curioso giro del destino, ya que precisamente los mayores enemigos de Hayek al final conseguirían beneficiar a sus futuros clientes, Inversiones Las Teresitas con esta operación.
Y es que en el año 2000, la Universidad lagunera había rechazado la futura urbanización de esta playa, "en contra de la voluntad popular, que sólo genera la destrucción y especulación sobre este entorno". La plataforma convocó una manifestación en contra de la ubicación de construcciones en esta playa a la que acudieron más de 10.000 personas.
Con anterioridad, los perjuicios a los pequeños propietarios de la Junta fueron constantes. Muchos de ellos vieron como sus solares eran incluidos de forma innecesaria en la Junta mientras que otros tuvieron que desprenderse de sus propiedades a un precio inferior al del mercado.
Así, en unas pocas décadas, se produjo un proceso de concentración de una riqueza que se hallaba antes repartida entre más de un centenar de personas en 1960 y que quedó básicamente en manos de dos multimillonarios en el año 2000.
Las vicisitudes que han ocurrido con el centenar largo de parcelas que forman el plan parcial de Las Teresitas y de Las Huertas sería incontable y de lo más variado. Casi todos ellos acabaron confundidos en un marasmo de documentos al que difícilmente se le podría encontrar algún tipo de lógica.
Muchas veces, el descontento de los propietarios con la Junta se debe a lo poco que les han pagado por los solares y no al hecho de tener que venderlos. En algunos casos, se llegó a abonar un precio cinco veces inferior al real. Un caso aparte lo ocupa el grupo de viviendas construidas en una de las laderas del barranco de Las Huertas, junto a Montaña Morera y que fueron edificadas antes de que la Junta de Compensación iniciara su andadura, o en la misma época, y que en su mayoría pertenecen a ciudadanos extranjeros. Según indicó en su momento el entonces presidente de la Junta de Compensación, José Delgado, se llegó a un acuerdo para que estas viviendas no se integraran en la junta a cambio de que dejaran construir una vía de acceso. Para ello, incluso se llegó a firmar un convenio. Esta declaración de Delgado durante el juicio impulsado por los ciudadanos alemanes, fue decisiva para que la sentencia final se pusiera a favor de estos vecinos, que en la actualidad tienen una sentencia firme que obliga a situar el plan parcial a sus orígenes, con el fin de escuchar su punto de vista.
Sin embargo, uno de los propietarios de Inversiones, Antonio Plasencia no duda en señalar que el asunto "está muy claro" y así sostiene que estos vecinos sí estaban integrados en la Junta de Compensación y por lo tanto tienen sus correspondientes derechos y obligaciones. "No vamos a aceptar la coacción de nadie. Vamos a entrar por lo que la ley diga, derechitos por la ley. Si estos señores tiene derecho tendrá su casa pero si no tienen derecho no la tendrán".
Este punto de vista es sostenido también por el otro socio de la empresa, Ignacio González, y por Hayek, quien insiste en que los extranjeros se integraron voluntariamente y afirman que "han construido ilegalmente, de forma clandestina. Tienen una deuda económica con la Junta que deberán pagar. Saldrán todos de ahí y no quedará uno". Para Trujillo, "la lógica subyacente es obvia: quien se integra en la Junta, además de perder su casa, se queda también debiendo dinero".
Este tipo de posicionamientos fueron los que hicieron que la ciudadana alemana Lola Redbrow -que presentó en su momento la denuncia- considere a Hayek el auténtico cerebro de la operación cuyo fin era dejarles sin viviendas ni derechos. "No podré olvidar nunca que este hombre me ha quitado ocho años de mi vida y especialmente, los dos primeros, que pasé en una total angustia".
Delgado matizó que la fórmula que alcanzó con estos vecinos suponía que tenían que cooperar con la Junta sin someterse a los costos de urbanización porque ya tenían sus edificaciones hechas". Con respecto a la compra de estos terrenos por parte de ILT, Delgado no duda en calificarla de "falsa", en cuanto Hayek no podía vender alguno que le pertenecía. De hecho en esta obra, Delgado se muestra indignado con lo sucedido.
La casa de Lola fue escriturada en el año 1965 por su padre e inscrita al nombre de su hija en mayo de 1986. Con posterioridad, en 1998, la Junta la vendería a Inversiones. Sería dos años más tarde cuando Lola se enteraría de que lo que consideraba su casa había sido vendida sin su consentimiento. Su padre se integró en su día en la Junta porque, según Lola, lo amenazaron con expropiarlo sino lo hacía, con lo que se convirtió en uno de los casos de supuestos "integrados voluntarios" que sirvieron para poder constituir legalmente la Junta.
Acción regresiva
Ramón Trujillo no duda en señalar que el proceso ubanizador de Las Teresitas debe entenderse como una acción regresiva desde la perspectiva del reparto de la riqueza. Así, en la década de los años sesenta las decenas de pequeños propietarios a los que la Junta privaría de sus terrenos, sin retribuirles adecuadamente, eran gente que, en general, subsistía con pocos recursos y que, en ocasiones, contaban con la aportación de sus cultivos para completar la dieta familiar. Trujillo justifica que estos vecinos no protestaran con fuerza reivindicando sus derechos en que la Junta se formó en plena dictadura franquista lo que dificultada la protesta social. Pero además entre 1955 y 1993 la renta per cápita de Canarias pasó de 298.651 pesetas en el primero de estos ejercicios a más de un millón en 1990. "Es decir, el aumento de la riqueza era una presión subyacente para restarle importancia al papel que podían tener las fincas. En la etapa democrática se atendería la demanda popular de no edificar grandes volúmenes en el frente de playa y acabaría buena parte del polígono en manos de dos empresarios multimillonarios que terminarían siendo los beneficiarios de las muchas injusticias derivadas d e un proceso urbanización de talante autoritario", concluye esta obra.