Diario de Avisos / 27 de junio de 2008.- Vicente Pérez. Santa Cruz. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un auto por el que rechaza un recurso de súplica presentado por Inversiones Las Teresitas SL con el que pretendía recuperar las once parcelas del frente de playa que el Ayuntamiento de Santa Cruz le adquirió por 55,6 millones de euros, compraventa anulada en 2007 por el Tribunal Supremo porque la tasación no estuvo avalada por ningún arquitecto municipal.
En su apelación, que no fue admitida a trámite, la sociedad mercantil de Antonio Plasencia e Ignacio González Martín recurría contra el tope fijado por el TSJC para la nueva tasación de dichas parcelas que el Alto Tribunal canario ha ordenado realizar en ejecución de la sentencia del Supremo. Así lo informó ayer la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, quien dijo desconocer los detalles de este último auto dictado por el TSJC, aunque destacó que esta resolución hace firme el auto de noviembre de 2007 sobre cómo debe ejecutarse el fallo del Supremo: con una nueva tasación según los criterios fijados por el Tribunal, sin que el Ayuntamiento deba devolver el frente de playa. "A día de hoy, ninguna resolución judicial ha cuestionado que la titularidad de los terrenos sea del Ayuntamiento, sino el precio que se pagó", manifestó Reverón.
De acuerdo con el auto del pasado año que había recurrido ILT, y que ya es firme, la tasación deberá realizarse teniendo en cuenta criterios como la posible inclusión de parte de las parcelas en el deslinde del dominio público marítimo terrestre, y la valoración de la compensación que hizo el Ayuntamiento a ILT con la mejora de aprovechamientos urbanísticos en el Valle de Las Huertas. Premisas que podrían alterar a la baja la tasación, con respecto a lo pagado en 2001. La nueva valoración puede tener relevancia para la querella penal que instruye el TSJC por presuntas prevaricación y malversación de fondos, y en la que figura como imputado el alcalde, Miguel Zerolo; y otras 15 personas.
Asimismo, Reverón puso de relieve que esta nueva decisión del TSJC quita la razón a la oposición municipal, en especial al PSC-PSOE, en el sentido de que existen dudas sobre la titularidad de los terrenos, dado que los anteriores propietarios de la playa "recurrieron y el Tribunal les ha dicho que no". Sobre este punto, la edil dejó patente su discrepancia con el informe de la Abogacía del Estado según la cual la irregularidad que motivó la anulación de la compraventa no era subsanable. "Ahí existe una contradicción, porque el Tribunal ha dicho que la sentencia es anulable, pero no nula de pleno derecho, y es mentira sostener lo contrario, como hace el PSOE". En este informe jurídico del Estado se basa la Dirección General de Costas para no suscribir el convenio que permitiría ejecutar el proyecto de reordenación de Las Teresitas diseñado por Dominique Perrault, decisión que ha forzado al Ayuntamiento a paralizar las obras al no contar con autorización para ocupar el dominio público. "A día de hoy, el Ayuntamiento no puede reanudar las obras", admitió Reverón, "pero eso no quiere decir que no estemos trabajando en posibles alternativas para reanudarlas sin tocar la zona que compete a Costas".