Diaro de Avisos / 10 de junio de 2008.- W. H. / Europa Press. Santa Cruz. La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, que investiga el denominado caso Las Teresitas, tomó declaración ayer al actual presidente de la Junta de Compensación de Las Teresitas, Jerónimo Delgado, así como a dos de los propietarios, Clemente Martín, quien además es tesorero y Álvaro Fernaud, secretario, y les imputó por un presunto delito de apropiación indebida.
La Junta de Compensación agrupó a los propietarios de los terrenos del frente de la playa y la trasera (Valle de Las Huertas) y que se vendieron en junio de 1998 parcelas a la sociedad Inversiones Las Teresitas SL (ILT), para realizar un proyecto de urbanización. El presidente de la misma declaró ayer ante la magistrada y la fiscal delegada de Anticorrupción, de Santa Cruz, María Farnés, en el TSJC en Las Palmas en el marco de esta instrucción, cuyas actuaciones están parcialmente bajo secreto de sumario, según informó el TSJC en un comunicado.
Hay que recordar que la investigación de este caso ha cobrado más relevancia debido a las últimas actuaciones, que han reactivado el caso con la detención, puesta en libertad sin fianza pero con los cargos de imputado por apropiación indebida del abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek, decretado por la magistrada Carla Bellini. Hayek fue detenido el lunes de la pasada semana por ser considerado una pieza separada de la investigación principal, sobre su posible intervención en la presunta trama de corrupción urbanística.
Delgado había declarado en el TSJC en calidad de testigo en septiembre de 2007. En la misma, el presidente de la Junta manifestó que tenía entendido que "los terrenos se entraban al Ayuntamiento en garantía de pago de 50 millones de pesetas, no en cesión" y que decidieron vender los terrenos de la trasera de la playa porque "no tenían dinero para hacer la urbanización" y que el Ayuntamiento, como miembro de esta Junta "sabía en todo momento que ésta quería vender".
Por otra parte, durante el interrogatorio prestado por Hayek la pasada semana, respondió a todas las preguntas que les fueron formuladas, según fuentes jurídicas, que agregaron que se mostró "tranquilo" durante su declaración.
La coordinadora El Rincón denunció en su día la "falta de proporcionalidad del precio de la compraventa de once parcelas en la playa Las Teresitas, en la capital tinerfeña, en relación con el precio fijado para la totalidad del parcelario en 1998". "La parte vendedora ILT compró todo el parcelario por 5.500 millones de pesetas -33 millones de euros- en 1998 y vendió solo una parte -el 60%- al Ayuntamiento por 8.750 millones -52,5 millones de euros- en 2001. No se habían valorado los aprovechamientos urbanísticos que se transfirieron a los empresarios vendedores. Entendemos, en consecuencia, que la parte vendedora se benefició doblemente: por un precio de compra excesivo y por el aprovechamiento urbanístico que se les transfiere y que no se cuantifica económicamente", señaló en un comunicado la asociación ecologista tras una sentencia del Tribunal Supremo en mayo de 2007. Fuentes próximas al caso señalaron que Hayek es "una pieza clave" de esta trama, ya que era el secretario de la Junta de Compensación de Las Teresitas y abogado de ILT.
Lista de los señalados.
El TSJC decidió en enero de 2007 admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y otras diez personas por el caso Las Teresitas. Los señalados por un presunto delito de prevaricación son el alcalde, el en su día concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, el ex tesorero municipal Antonio Messía, el secretario delegado de Gerencia de Urbanismo, Juan Reyes Delgado, el interventor delegado de Urbanismo, José Luis Roca, el ex-portavoz del grupo municipal socialista, Emilio Fresco, el ex portavoz del PP, José Emilio García Gómez, el secretario general del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Eugenio de Zárate, y el gerente de Urbanismo, José Tomás Martín González.
Además, por un presunto delito de malversación de fondos los querellados son el propio Miguel Zerolo, Parejo, Fresco, García Gómez y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.