El Día / 8 de febrero de 2008.- NACHO MARTÍN, Tenerife. El "caso Las Teresitas" no fue fruto del azar. No se trató de una mera coincidencia de intereses económicos y políticos que dieron lugar a uno de los mayores "pelotazos" de la historia reciente de Santa Cruz de Tenerife. Al menos así lo cree el diputado regional del PSC Santiago Pérez, quien denunció ayer la concertación previa y necesaria de esos intereses en una conspiración de "personas influyentes", sin cuya participación no se podría haber dado este "fraude espectacular contra el pueblo" de la capital.
Una vez que los medios de comunicación han ido desgranando el contenido de parte del sumario judicial de la operación urbanística, Pérez compareció junto a la portavoz municipal de su partido, Gloria Rivero, para hacer una valoración del caso que lo llevó a acusar al alcalde, Miguel Zerolo, de tener intereses que "no son los del ayuntamiento".
De lo contrario, añadió, habría sido diligente a la hora de aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es favorable a la corporación porque le permite recuperar el dinero tras la devolución de los terrenos del frente de playa, unas parcelas en las que ya no se puede construir porque lo prohíbe el planeamiento.
Pérez hizo un relato pormenorizado de esta conspiración en cinco actos que se inician con la venta de los terrenos a Inversiones Las Teresitas por parte de la Junta de Compensación. El diputado recordó que las parcelas fueron ofrecidas previamente al ayuntamiento y que éste las rechazó para acabar en manos de Inversiones, que, posteriormente, las vendería al municipio por un precio que alcanzó los 52,59 millones de euros. Además, la venta de esas tierras no contaba ni siquiera con los permisos de todos los propietarios. Para inscribirlas, el registrador no habría cumplido con su obligación de verificar de quiénes eran realmente, en lo que haría de su actuación parte de esta conspiración.
El tercer acto se sitúa en la filtración de una sentencia del Tribunal Supremo que llevó a los empresarios a solicitar a toda velocidad un préstamo a CajaCanarias que fue concedido "en tiempo récord, sin exigir un aval y sin garantías", un hecho que pone en cuestión "el papel de los directivos" de la entidad. Tampoco este paso fue gratuito. Al contrario, éstos ya sabían que, pese a que no había avales, "la maquinaria municipal se iba a poner a funcionar para garantizar la devolución del préstamo".
Y así llegó el también consejero insular al papel de las autoridades locales. A su juicio, al elegir comprar el frente de playa y no optar por otros instrumentos, y al adquirirlo a un precio muy superior al que fijó la arquitecta municipal Pía Oramas -que ante el juez declaró haber sido presionada para que diera el visto bueno a valoraciones externas-, tanto Zerolo como el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, "traicionaron una maquinaria que debería estar al servicio público y la pusieron en manos privadas".
Como prueba de que el alcalde y Parejo trataban de "inflar" el precio hasta llegar a lo que pretendía Inversiones Las Teresitas, puso como ejemplo no sólo las presiones a Oramas, sino el hecho de que el ayuntamiento tampoco incluyera en el expediente otra tasación, realizada por la Universidad Carlos III de Madrid, que valoraba los terrenos en unos 25 millones de euros, casi la mitad de lo que se pagó de las arcas públicas.
Compensar o no compensar
El diputado regional socialista Santiago Pérez puso ayer en duda que Inversiones Las Teresitas SL tenga que ser compensada por la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de modificar el planeamiento de la capital para imposibilitar la construcción en el frente de la playa después de comprarlo. Una sentencia del TSJC anuló recientemente esta adquisición por valor de 52,59 millones obligando al municipio a recuperar el dinero y a devolver las parcelas a los empresarios, que, sin embargo, ya no podrán sacar provecho económico de ellas. Si bien éstos podrían optar por exigir la compensación por los derechos urbanísticos que tenían antes del cambio del PGO, el diputado explicó que esos derechos no están claros, ya que las parcelas estaban afectadas por el propio deslinde marítimo-terrestre y por la moratoria, lo que imposibilitaba la construcción de los usos que preveía el anterior planeamiento y complica una posible demostración de derechos consolidados. Pérez recordó, además, la existencia de una tasación reciente encargada por el propio TSJC que fija el valor de los terrenos entre 11 y 15 millones, cantidades muy inferiores a lo que los empresarios ganaron con la recalificación de Las Huertas.