Diario de Avisos / 31 de enero de 2008.- Vicente Pérez. Santa Cruz. El esta semana dimitido gerente de Urbanismo de Santa Cruz, José Tomás Martín, declaró ante la jueza del caso Las Teresitas que la compra del frente de las parcelas del frente de playa por el Ayuntamiento capitalino se trató de "una decisión política", en la que se descartaron otras opciones, como eran la permuta o la expropiación.
Martín, quien esta semana se ha desvinculado oficialmente del Ayuntamiento santacrucero, aseguró, a preguntas de la fiscal anticorrupción, María Farnés Martínez, que no sabía quién del Ayuntamiento llegó en 2001 al acuerdo de pagar 52,6 millones de euros por las once parcelas a Inversiones Las Teresitas, pero que "imagina que gente con responsabilidad", entre los que citó al alcalde, Miguel Zerolo, y al entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. De hecho, precisó en otro momento de su declaración, a preguntas de la defensa, que el precio de la compraventa lo conoció por la información que le dio el concejal.
En cuanto a la posibilidad de no acudir a la vía de la expropiación, también contestó que fue "una decisión política", pero reseñó que "en la medida que hubo unos informes jurídicos [municipales] que descartaban expropiar". El funcionario, cuyo destino a partir de ahora será el Ayuntamiento de Tegueste, manifestó ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Carla Bellini que desde que fue gerente de Urbanismo, en octubre de 2000, no gestionó "ninguna otra cosa que no fuera la compraventa". El pleno del Ayuntamiento había aprobado el 19 de enero que el Ayuntamiento libraría el frente de playa de edificaciones a cambio de la compensación por reasignación de aprovechamientos urbanísticos o cualquier otra fórmula ajustada a Derecho a la Junta de Compensación. Nunca una letra fue tan importante, porque la tesis de la fiscal es que el Ayuntamiento la transformó en una y, es decir, se pagaron 52, 6 millones de euros a Inversiones Las Teresitas y se cambió el uso turístico del suelo por residencial en Las Huertas, salvando la moratoria turística.
Llegados a este punto, la magistrada le preguntó por qué la Gerencia de Urbanismo el 2 de abril de 2001 "cambia el criterio de permuta por el compra", a lo que el funcionario respondió que no hubo tal cambio de criterio, "pues en el tiempo en que él ha estado hasta que se aprobó el convenio siempre oyó hablar de compraventa". Así reza la declaración que el 21 de mayo de 2007 prestó José Tomás Martín ante Carla Bellini como imputado, según consta en la parte del sumario cuyo secreto levantó, parcialmente, hace dos semanas la magistrada. El funcionario fue inquirido sobre si apoyaba el informe de un abogado de la Gerencia de Urbanismo que valoró los terrenos en 8.750 millones de las antiguas pesetas. "Supongo que lo ha hecho con la mejor fe del mundo", se limita a responder el ya ex gerente municipal.
Martín dijo que conocía el informe de la arquitecta municipal Pía Oramas, que tasó las parcelas en 19,2 millones de euros, documento que nunca fue incluido en el expediente pese a que era el más ventajoso para las arcas municipales. El gerente precisó que Parejo solicitó "muchos informes previos", entre ellos el de Oramas, y apuntó que entre quienes conocían esos estudios estaba "probablemente" el secretario de la Gerencia, Víctor Reyes, quien sin embargo negó ante la jueza que conociera el trabajo de Oramas.
El ex responsable técnico de Urbanismo reconoció, en cambio, que fué él quien propuso a Manuel Parejo contratar una empresa externa para una nueva tasación de los terrenos, porque "el contenido de esos trabajos de Pía Oramas ofrecía un abanico de valoraciones tal que no era posible certificar una cifra concreta". La arquitecta declaró justo lo contrario, es decir, que de las tres primeras tasaciones se podía concluir que el precio era de 19,2 millones.