La Provincia / 2 de febrero de 2008.- JOSÉ NARANJO – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Igual que el genial Tom Wolfe reflejara en su novela La hoguera de las vanidades los esplendores y las miserias de la Nueva York de fin de siglo, el mundo de las altas finanzas, los restaurantes de lujo y las exclusivas fiestas de Park Avenue discurriendo paralelas al sórdido mundo de Harlem, la apertura parcial del sumario de Las Teresitas ha sido capaz de sacar a la luz pública un universo de política y negocios, de glamour y cutredad con sede y bastión en la isla de Tenerife, intuido por todos, pero ahora pornográficamente dibujado, negro sobre blanco, en los folios de un sumario judicial.
Hay muchas maneras posibles de contar esta historia, pero es la propia fiscal Anticorrupción María Farnés quien relata los hechos con maestría en su fundamentada querella. El primer hecho llamativo se produce en junio de 1998, cuando dos experimentados y riquísimos empresarios incrustados en el corazón del poder tinerfeño, como son Antonio Plasencia e Ignacio González, pagan 5.500 millones de pesetas por unos terrenos en la playa de Las Teresitas sobre los que existían serias dudas de rentabilidad, para lo cual pidieron un crédito a CajaCanarias que ésta les concede sin dudar.
Además del detallito de que el propio Ignacio González estaba en el Consejo de Administración que votó sí a este crédito que mereció una reprimenda del Banco de España, resulta que a los pocos días, el Supremo dicta una sentencia que convierte esos terrenos en una codiciada pieza urbanística. ¿Información privilegiada? ¿Casualidad?
DESLINDE. De nada importaba que una parte de los terrenos fuera de titularidad pública por estar afectados por el deslinde de Costas o que no se informara de esta operación a una parte de los legítimos propietarios del suelo.
Luego vendría la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento por la astronómica cantidad de 8.750 millones de pesetas, todo ello sin tener en cuenta valoraciones internas que advertían, no ya del citado deslinde, sino de cuestiones como la entrada en vigor de la moratoria turística, que rebajaban sensiblemente el valor de los terrenos o el sencillo hecho de que una parte del suelo que adquiría el Ayuntamiento ya era público.
Buena parte de la investigación de la jueza Carla Bellini se ha orientado a desentrañar estas operaciones aquí apenas esbozadas y a intentar perseguir el rastro de los millones que se han movido de un lado para otro. Sin embargo, en medio de todo ello está la fotografía de la impunidad como estilo de vida.
En la parte superior de la pirámide descansa el alcalde Miguel Zerolo, acostumbrado desde su época de concejal de Carnaval hace ya unos cuantos años a repartir subvenciones aquí y allá. Zerolo, que luego fue al Cabildo y luego al Gobierno canario, y que allí volvió a repartir, ahora 1.500 millones de pesetas para empresas audiovisuales, lo que algunos consideran 'el inicio de la mordaza'.
Y todo hecho con la sensación de impunidad en el uso de dinero público que ahora arde en la hoguera en medio de la plaza del pueblo, a la vista de todos los que quieran verlo gracias al sumario del caso Las Teresitas. Y tras Las Teresitas asomaba en el horizonte la privatización de Enmasa y no se sabe qué otras operaciones de igual tono.
Junto a Zerolo, o debajo de él, toda una cohorte de apoyos indispensables, una tupida red de vínculos familiares, empresariales, amistosos o políticos que han hecho de Tenerife una isla donde era difícil discrepar.
Pero hay quien piensa que ya nada será igual tras Las Teresitas, que se acabó la sensación de impunidad. Que la catarsis de este sumario calará como lluvia fina.
Al broker neoyorquino que protagoniza La hoguera de las vanidades, Sherman McCoy, la buena suerte le cambió el día que atropelló a un joven negro en el sucio y oscuro barrio de Harlem. Él, que tocaba el cielo con los dedos cada día en Wall Street, se vio, de repente, frente a la cruda realidad, arrojado del Paraíso.