Canarias 7 / 25 de enero de 2008.- (Artículo de opinión) Francisco Suárez Álamo / Las Palmas de Gran Canaria.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo a finales del pasado año que asumía la tutela del futuro de Las Teresitas. Lo hizo cuando se le planteó la peliaguda pregunta de cómo se podía ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la polémica operación urbanística. Entonces, el TSJC convirtió en anulable lo que parecía nulo de pleno derecho y, tras esa singular interpretación, dejó el futuro de la playa y sus terrenos en manos de una futura tasación independiente.
Ahora, ese mismo Tribunal Superior tiene sobre la mesa lo que entonces reclamaba:#una peritación fuera de toda duda. La primera la pedía una sala de lo Contencioso, y la segunda se la brinda la de lo Penal gracias a la petición formulada por Carla Bellini. El resultado es escalofriante: en el mejor de los casos, los solares de la discordia valían 15 millones de euros, 37 millones menos que lo que se pagó por ellos. ¿Tendrá en cuenta la sala de lo Contencioso esa estimación? ¿Pedirá el Ayuntamiento disculpas, como mínimo, a la técnico municipal Pía Oramas por haber despreciado su opinión cuando apuntó que con 19 millones de euros ya se pagaba suficiente? ¿Y por qué dijo el Consistorio que no se podía expropiar cuando ahora se concluye que esa vía era perfectamente válida?
Mientras la Justicia sigue con paciencia de santo Job su trabajo para deshacer la madeja, la lectura del sumario desvela cómo la magistrada y la fiscal fueron tirando del hilo del préstamo de Cajacanarias hasta dar con el ovillo de la aparente confluencia de intereses políticos y empresariales. El presidente de la Comisión de Control hace un relato escalofriante de las prisas y las ganas del equipo directivo, empezando por el tándem Rodolfo Núñez-Álvaro Arvelo, para aprobar la operación, hasta el punto de que nunca en los ocho años de presidencia de la citada comisión recuerda este hombre ese apasionamiento fuera de la lógica -y la frialdad- que se le supone, como el valor, a los financieros.
Y#suma y sigue respecto a Cajacanarias, pues tampoco se explica cómo en el acta del Consejo de Administración no se recogieron los reparos del empresario Amid Achi a la concesión del préstamo a la empresa formada -que no registrada- por Antonio Plasencia y el testaferro de Ignacio González. Claro que, como reconoció Achi al acudir al TSJC, él votó en contra pero luego le dijeron que quedaba más bonito si en el acta se ponía que se había decantado por la abstención. Ya se sabe, una mentirijilla es a veces más estética que la verdad, pero como estamos hablando de Justicia, ahora alguien deberá dar las oportunas explicaciones. Por cierto, y para no ser malévolo sólo con unos y no con otros, ¿qué votaron en esa sesión del Consejo de Administración los representantes institucionales del Partido Socialista? ¿A que lo adivinan? Pues sí.