Diario de Avisos / 23 de enero de 2008.- Vicente Pérez / Santa Cruz.- La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que instruye el caso Las Teresitas, Carla Bellini, ha acordado levantar de forma parcial el secreto de sumario y al mismo tiempo considera que debe proseguir la investigación policial iniciada hace más de un año porque "continúa dando sus frutos".
La juez, que en un auto dictado el 18 de enero, prorroga el secreto de parte de las actuaciones un mes más, estima que "aún quedan investigaciones por realizar" sobre el patrimonio de los imputados, así como "otros hechos directamente relacionados con éstos y que pudieran ser igualmente constitutivos de otros delitos contra las personas ya imputadas y posiblemente contra otras que aún no lo estén".
En total son once los encausados por malversacion de fondos públicos y prevaricación con relación a la operación urbanística de Las Teresitas, en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz desembolsó 52,6 millones de euros por once parcelas del frente de playa a Inversiones Las Teresitas S.L. operación anulada el pasado año por el Tribunal Supremo, al no basarse en una tasación objetiva e independiente de los terrenos, y que está pendiente ahora de una nueva valoración económico tutelada por los tribunales.
La operación reportó una plusvalía de al menos 108 millones de euros a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, que también vendieron el valle de Las Huertas por más 96 millones de euros a Mapfre, según la querella formulada por la fiscal Anticorrupción, María Farnés.
Entre los imputados figuran el alcalde, Miguel Zerolo; los ex portavoces de PPy PSOE José Emilio García Gómez y Emilio Fresco; el ex edil de Urbanismo Manuel Parejo; los citados empresarios, un trabajador de uno de ellos, y varios funcionarios municipales. El auto de Bellini pone a disposición de las partes personadas en el caso "unos veinte mil folios aproximadamente", que con-tienen, en concreto, "el expediente administrativo de la Junta de Compensación de la Playa de Las Tersitas, el proyecto de toda la zona y en defnitiva los acuerdos tomados con relación a aquella". Este levantamiento de secreto también afecta a las diligencias practicadas en relación con este expediente, la declaración de los propios imputados y testigos, así como las resoluciones tomadas sobre estos asuntos.
El TSJCsubraya que las "diligencias de instrucción no han terminado aún y su contenido no es posible que sea conocido por las partes", salvo el Ministerio Fiscal, "y que los delitos denunciados y otros que pudieran aparecer, requieren que la instrucción siga su curso", por lo que considera que "hasta tanto concluyan aquellas investigaciones que se están realizando, cuya publicidad podría dañar seriamente la averiguación de los hechos, estas diligencias habrán de continuarse bajo secreto", pues su divulgación "podría perjudicar el éxito de la investigación".
La magistrada estima así un recurso de la asociación Justicia y Sociedad en el que pedía el levantamiento parcial del expediente tramitado por la Gerencia de Urbanismo y de los documentos aportados por el Ayuntamiento a requerimiento de la fiscal o la juez, los escritos y documentos aportados por los abogados de los imputados; y las declaraciones de los encausados, según fuentes de este colectivo de juristas.
El secreto de sumario se decretó el 2 de enero de 2002, según recueda el auto en sus razonamiento jurídicos, por "las especiales circunstancias que concurren en este procedimiento", como son "la trascendencia de los hechos objeto de la querella, los indicios acerca de la comisión de unos delitos graves, las personas que, en la condición de querellados, aparecen en la misma, la conexión de estas personas con los hechos y el peligro de ocultación de posibles pruebas que ayudan a conducir a la averiguación de la verdad".