Pedro M. González Cánovas. Miembro de Alternativa Nacionalista Canaria (ANC)
{mosimage}Mientras Canarias esté bajo el dominio administrativo y militar español, cualquier proyecto de ampliación del campo de la soberanía española se repite en las ansias de imperialismo colonialista caduco y vuelve a enterrar al archipiélago en el estatus colonialista que condena a sus habitantes a ser unos "sin voz" y anteponer los intereses de Madrid a los Canarios.
Es por eso que el anuncio del 5 de diciembre, de que España reclamará ante Naciones Unidas las aguas al Oeste del Archipiélago no son una buena noticia para nosotros. Esas aguas serían de Canarias si fuésemos un país independiente: con su contenido en riqueza viva, como son los bancos pesqueros; los posibles hidrocarburos; y hasta el control del pasillo mercante o de pasaje. Pero la realidad es que si España reclama esas aguas ante Naciones Unidas y se llega a firmar eso, Canarias seguirá teniendo que tragar lo que se dicte desde la capital del reino. Seguiremos teniendo la consideración de colonia que sufrimos hace más de 500 años y nuestro derecho a decidir se diluirá dentro de una población que dobla la nuestra 20 veces y residen a 1.000 ó 2.000 kilómetros de distancia. Por supuesto, con intereses muy distintos a los Canarios.
Por lo tanto, está claro que a los habitantes de Canarias nos da lo mismo que esas aguas sean internacionales o españolas. De ninguna de esas maneras podremos decidir cómo se gestiona ese territorio, porque para eso tendríamos que ser un estado libre, no como ahora.
Sin embargo, en España han oído y admitido las reivindicaciones independentistas del archipiélago. No se han parado a valorar como se apreciará en Canarias su acción, pero no dejan pasar un instante para poner en marcha este nuevo intento de acaparar y crecer en los mapas, con el beneplácito de Naciones Unidas. El hecho no deja de pasar por admitir que la reclamación independentista de aguas territoriales tiene todo el fundamento legal y la lógica de un Pueblo que aspira a emanciparse, como los demás.
Lo gracioso es que a esa gente de España le cuesta admitir la legalidad, hasta cuando son ellos los que la dictan. Como ejemplo miren la respuesta a la amenaza de denuncia sobre el tema de las prospecciones. Consideran "patético" acudir a la justicia, e "injusto" que los funcionarios que han declarado en contra de las prospecciones en Levante y Baleares, y a favor en Canarias, tengan que rendir cuentas. Eso se llama "doble rasero".
El mismo ministro de Industria ya ha dicho que España no se hará cargo su la población de Lanzarote y Fuerteventura si no pudiera hacer uso del agua de desalación, que actualmente es el 100 por 100 del agua de consumo en estas islas.
O sea que, mientras se mantenga el estatus actual de Canarias, mientras administrativamente sigamos perteneciendo a España, dará lo mismo que tengamos un 35% de paro o que nos bañemos con Fanta: eso no significa que, por otro lado "España vaya bien".