La Gaceta de Canarias / 1 de febrero de 2008.- David Cuesta / S.C. DE TENERIFE.– El Pleno municipal extraordinario celebrado ayer, solicitado por el Grupo socialista municipal, se enfrascó en un debate sobre la paralización de las obras que se realizan en el frente de la playa de Las Teresitas y en el valle de Las Huertas.
El Grupo de Gobierno se desmarcó desde el inicio de toda posible discusión en torno a las diligencias judiciales que recaen tanto sobre el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, como sobre el resto de miembros imputados de su partido en el caso de Las Teresitas.
La única resolución adoptada, después de más de tres horas de debate, fue una propuesta del partido Ciudadanos de Santa Cruz, según la cual se llegó al acuerdo de que se emitan “con carácter de urgencia, los informes técnicos y jurídicos pertinentes para proceder a la paralización cautelar de las obras que se están llevando a cabo en la playa de Las Teresitas y en el valle de Las Huertas, derivándose, en su caso, las responsabilidades patrimoniales en que pudiera haber incurrido la Dirección General de Costas por su inactividad y conducta omisiva en la actualización de la delimitación que establece el dominio público”.
Una propuesta a la que se dio luz verde por dieciséis votos a favor y siete en contra (los de los concejales del Grupo socialista). Los representantes del PSOEhabían exigido la paralización inmediata de las obras, en una petición que fue denegada por catorce votos en contra, dos abstenciones y siete votos a favor.
Cruce de intervenciones
El Grupo socialista insistió, a lo largo de todo el Pleno, en incluir en el debate las informaciones que han salido a la luz en los últimos días tras el levantamiento del sumario del caso de Las Teresitas.
De hecho, la portavoz socialista, Gloria Rivero, arremetió contra el alcalde con las declaraciones de un alto cargo de Hacienda que, a través de un informe, afirmó que, en base a su juicio, “nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro”.
Junto a ello, y desde el PSOE, en varias ocasiones se pidió una respuesta al por qué no se fijó el precio de la compra de las once parcelas del frente de la playa en base a la tasación que realizó la arquitecta municipal Pía Oramas, y que hubiese supuesto un ahorro de cerca de 30 millones de euros a las arcas municipales en la operación.
Sin embargo, el grueso de la disputa se centró en la paralización de las obras que en la actualidad se llevan a cabo en la entrada de la playa y en el valle de las Huertas.
En este sentido, el Grupo socialista exigió la suspensión de esos trabajos al existir un escrito de Costas en el que se instaba a dicha paralización.
La concejala de Urbanismo, Luz Reverón, replicó a Rivero que en el informe de Costas se advierte de que “al estar en tela de juicio la titularidad de los terrenos no se procede a la firma del convenio”, en relación al acuerdo que está pendiente de suscribir el Ayuntamiento con la Dirección General para clarificar el deslinde que establece el dominio público marítimo-terrestre.
Asimismo, Reverón recordó que lo que el informe de Costas expone es que “no se debe construir”, es decir, no es una resolución que prohiba las obras.
Incluso, la concejala de Urbanismo fue más allá y preguntó por qué ahora la Dirección General de Costas se desdice de lo que había estipulado en 1998 (cuando modificó el deslinde de 1961).
Reverón reiteró que, en la actualidad, las obras se desarrollan en zona de servidumbre de protección, por lo que se permite la construcción al Ayuntamiento tras el convenio firmado en 2005 entre la Consejería de Medio Ambiente, el Cabildo y el Consorcio municipal.
Por otro lado, la representante del Grupo de Gobierno también aclaró que, en concreto, lo que se construye en estos momentos es un aparcamiento, donde también se incluyen 1.400 metros cuadrados destinados a hostelería y restauración, y 300 metros cuadrados para locales comerciales.