Julio Barea. Resposable de la campaña contra las prospecciones de Greenpeace
{mosimage}Las prisas son malas consejeras, y esto es lo que le ha sucedido al Gobierno central al autorizar a la multinacional Repsol para buscar petróleo en Canarias. Además, tampoco contaba con el aplastante rechazo social y de las instituciones de las islas a los planes petroleros. Estas prisas ha provocado que la tramitación ambiental haya sido un despropósito. Por ello se han planteado ya tres recursos y quejas, de grupos ecologistas y gobiernos insulares, aceptados tanto por el Parlamento europeo como por la Comisión.
Esto supone poner en grave peligro especie protegidas e incluidas por ello en la Directiva habitats como son el Delfin mular o la Tortuga boba. Un ejemplo de como el gobierno permite a Repsol aplicar erróneamente la información científica son los valores de referencia en cuestión de ruidos (cuestión clave para las casi 30 especies de cetáceos que habitan el LIC) en las operaciones de perforación. En este caso se usan valores tomados por equipos de registro de hace 27 años obviando los nuevos datos científicos que dicen que esos umbrales deben reducirse sustancialmente.
Otra de las cuestiones denunciadas en la queja a la CE, es como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha reducido de forma intencionada los límites del LIC para sacar de él el lugar donde ha autorizados a la multinacional a realizar los pozos. Algo impropio de la máxima autoridad ambiental del Estado que debería velar por encima de todo por estos valores en todo nuestro territorio.
En definitiva…estas irregularidades deben ser denunciadas y tenidas en consideración por Europa. Recordemos que fue Bruselas la que financió con casi 8 millones de euros los estudios previos para declarar el LIC marino de Lanzarote y Fuerteventura junto a otros nueve más.