{mosimage}La Comisión Española cerrará de manera negativa un expediente contra España abierto en 2013, según 'El País'. La CE obligará a España a recuperar ayudas fiscales de las que se beneficiaron empresas como Telefónica, Santander, Iberdrola, Abertis o AXA.
Las fuentes que maneja el diario del grupo Prisa aseguran que la cantidad en juego será de varios miles de millones de euros, aunque tanto desde Bruselas como desde Madrid no se aún cuantificado el montante. Según esos cálculos, en el caso de Telefónica el importe de las deducciones por la compra de la brasileña Vivo asciende a 4.000 millones, aunque desde la compañía se asegura que la cifra será inferior, ya que sólo se ha usado hasta ahora una parte muy pequeña de las potenciales deducciones: entre 20 y 30 millones.
La CE calificará la interpretación de las ayudas "ilegales" españolasEl Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en marzo de 2012 aplicar de forma retroactiva ayudas fiscales para la compra de empresas de fuera de la UE. Esa medida, según este diario, reinterpretaba con efectos retroactivos la ley de impuesto de Sociedades, aprobada por el Gobierno Aznar. Esa medida, sin embargo, se anunciaba poco después de aprobar la reforma laboral y diversas políticas de recortes, aunque en realidad iban en contra de las políticas de austeridad y de incremento recaudatorio del Estado.
Bruselas ya había declarado este tipo de ayudas, aunque sin embargo permitió las empresas que no devolvieran el importe de esas operaciones hasta 2007, porque se consideraba que esas deducciones eran aceptables hasta entonces. La Hacienda española se aprovechó de ese resquicio y permitió a las empresas deducciones retroactivas en compras indirectas como la de Vivo. En ese movimiento Competencia abrió un expediente, en julio de 2013, que cerrará mañana declarando las ayudas ilegales y exigiendo a Hacienda que recupere ese dinero, como ocurrió con los astilleros.
Podría haber más empresas implicadas
El País asegura que Telefónica, Santander, Iberdrola, Abertis y AXA ya han presentado alegaciones, pero puede haber otras empresas beneficiadas por estas ayudas.
Ahora, tras esta decisión el Gobierno estará obligado a indicar el importe exacto y las empresas que se acogieron a esas ayudas. Bruselas, según este diario, certificará que “el procedimiento contra ese montaje jurídico se cierra con decisión negativa para España y con la obligación de recuperar las ayudas, que eran ilegales con los tratados”.