Afirman que el desalojo forzoso incumple directivas europeas y va en contra de los más elementales derechos humanos
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.– Con motivo del desalojo, con fecha abierta, a Lucianna Holluy instado por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, a petición de Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz, PAH Tenerife ofreció este martes una rueda de prensa junto a la afectada, en donde su portavoz, Elvira Évora, recordó a nuestros dirigentes políticos que el derecho a la vivienda es igual para todas las familias y los desalojos forzosos son ilegales porque vulneran los Derechos Humanos.
Évora recordó que los diferentes pactos internacionales firmados y ratificados por España consideran al margen de la legalidad este procedimiento inhumano, por lo que ayuntamiento capitalino y juzgado se saltan normativas europeas, pero la activista fue más allá al asegurar que se ensañan con esta joven madre, puesto que hablamos de que este desalojo forzoso es abierto, lo que significa que no hay una fecha concreta para llevarlo a cabo, con lo que en cualquier momento puede aparecer la comisión judicial en la vivienda para ejecutar el desahucio.
Desde su punto de vista, se están produciendo hechos muy “extraños” en torno a este desalojo, porque por regla general suelen tardar en producirse hasta un año y medio, pero en el caso de Lucianna, ha habido un aceleramiento sospechoso, criticando que en lugar de proteger al ciudadano, que es el deber de todas las Administraciones públicas, el ayuntamiento de Santa Cruz aboca a esta joven y a su familia, con una menor de por medio, a quedarse en la calle y en la mayor de las desprotecciones.
La PAH acusa al departamento de Ángela Mena y en general a todo el Ayuntamiento de Santa Cruz de abocar a Lucianna a la muerte civil, porque esa es la consecuencia de un desalojo forzoso cuando no hay una alternativa habitacional, añadiendo que el tratamiento recibido por la familia de parte del Ayuntamiento, especialmente desde la concejalía de Viviendas Municipales, ha sido totalmente vejatorio, al criminalizar y al trasladar a la ciudadanía una imagen falsa, que para nada se corresponde con la realidad.
Évora dijo que el colectivo exige la paralización de los desalojos forzosos e ilegales, instados como en este caso por la Administración, sin que haya una alternativa habitacional para los afectados, no en vano hablamos de familias con escasos recursos o directamente sin ellos, que por tanto no pueden acceder a una vivienda.