Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria.
{mosimage}En septiembre de 2011, la CEOE de Tenerife presentó un informe descaradamente falso sobre el ahorro que supondría, para Canarias, sustituir enseñanza pública por enseñanza privada-concertada. El informe tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación y, básicamente, planteaba que, si se incrementaba el porcentaje de educación concertada en el Archipiélago, desde el 16,6% del total al 26,19%, se produciría un ahorro de 344,7 millones de euros.
El informe aseguraba, por lo tanto, que un incremento de 9,59 puntos porcentuales de enseñanza concertada, a costa de la enseñanza pública, ahorraría el equivalente al 21.7% del presupuesto educativo de Canarias (que sumaba 1.582,3 millones de euros en 2011). De acuerdo con la tasa de ahorro implícita que supone la enseñanza concertada en relación a la pública, según CEOE-Tenerife, si en vez de aumentar en 9,59 puntos porcentuales el tamaño de la enseñanza privada-concertada, lo hiciéramos en 77,5 puntos, el ahorro sería de 2.782,7 millones de euros. Y, como vamos a ver, tiene mucho sentido plantear esta hipótesis.
Porque, si al 16,6% de enseñanza privada-concertada, añadiéramos ese otro 77,5% se llegaría a la desaparición de la enseñanza pública no universitaria (77,5% del total) y a la existencia únicamente de enseñanza privada-concertada y sólo privada (5,9%). Digamos que ese 94,1% de enseñanza privada-concertada, que traería la utopía de CEOE-Tenerife a la Tierra, ahorraría los 2.782,7 millones de euros mencionados, siempre que asumamos la tasa de ahorro implícita en los datos de CEOE-Tenerife, sobre ahorro de gasto público educativo, al sustituir enseñanza pública por enseñanza privada-concertada.
Lo que se desprende del informe de CEOE-Tenerife es que el ahorro que supondría concertar toda la educación pública canaria equivaldría al 175,8% del presupuesto educativo. Esto implicaría que, de haberse concertado toda la educación pública, en vez de haber gastado 1.582,3 millones de euros, en 2011, las arcas públicas habrían ingresado 1.200,4 millones de euros. Obviamente, esta economía del milagro de los panes y los peces no es lo que uno espera de una organización medianamente seria.
Sin embargo, también en el caso de la educación privada-concertada, los argumentos privatizadores suelen ser de muy baja calidad. Y el supuesto menor coste de la enseñanza concertada, en relación a la pública, se basa en una comparación que oculta cuestiones significativas. Esto es lo que pone de manifiesto el informe “El coste de una plaza escolar en la pública y en la concertada”, elaborado por un grupo de especialistas, y publicado en junio de 2014 por el Observatorio por la Educación Pública de Izquierda Unida.
El informe de IU llega a la conclusión de que el menor coste aparente de la enseñanza privada-concertada se deriva de que selecciona las zonas en que se implanta, tiene menor proporción de alumnado con requisitos de mayor atención educativa, cuenta con más cantidad de estudiantes por grupo y menos cantidad de docentes por grupo y, además, las condiciones laborales son peores en el sector privado-concertado.
En España hay 2.246 centros educativos no universitarios privados en ciudades de más de 500.000 habitantes y tan solo 1.441 centros públicos. Sin embargo, en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde el número de estudiantes por grupo es bastante más reducido, tenemos 811 centros privados y 7.660 públicos. El sector público asume el mayor coste por estudiante que conllevan las áreas rurales o escasamente pobladas.
Asimismo, hay un 6,1% del alumnado de ESO en la enseñanza concertada que cursa programas de diversificación curricular, frente al 13,4% en la pública. Se trata de programas que suponen un mayor coste por estudiante. Otro factor que puede influir en el coste medio por estudiante es el porcentaje de alumnado extranjero. La enseñanza pública cuenta con el 81,7% del alumnado extranjero (pero sólo con el 67,8% de todo el alumnado) y la privada-concertada con el 13,9% (y el 25,6% del total).
Si la enseñanza privada-concertada tuviera la misma ratio de docentes por estudiante que la pública necesitaría 26.123 docentes más. Esto supondría que el Estado tendría que gastar un 14% más en la enseñanza privada-concertada. Y otro 14.4% más si equipararan los salarios de esta última con los de la enseñanza pública.
Pues bien, si se equiparan las variables que determinan el coste anual por estudiante en la enseñanza no universitaria tenemos que asciende a 4.185 euros en la pública y a 4.184 en la privada-concertada. Si, además, consideramos que el INE estimó el gasto familiar por estudiante en la pública en 822 euros y en la privada-concertada en 1.549 euros, tendríamos un coste anual de 5.007 euros y 5.733 euros respectivamente.
Es verdad que estos datos se aplican a 2011 y que, desde entonces, la enseñanza pública ha ido aproximándose a la privada-concertada al aumentar las ratios de estudiantes por aula, despedir docentes, reducir salarios y programas de apoyo educativo. Esta convergencia a la baja, entre la educación pública y la privada-concertada, reducirá la calidad del sistema educativo y tendrá efectos sociales y económicos negativos. Pero esto es lo que ocurre cuando las políticas públicas se someten al deseo de generar nuevos espacios de lucro privado a costa de los servicios públicos. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria