La Provincia / 27 de enero de 2008.- Tenerife PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La investigación del caso Las Teresitas acabará próximamente en más imputados y en nuevos delitos. Hasta el momento, doce personas están imputadas por malversación de caudales públicos y prevaricación, entre las que se encuentran el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Pero la investigación avanza y la parte que no ha sido desclasificada esta semana por la magistrada instructora, Carla Bellini, esconde importantes novedades de la trama.
El pasado 19 de diciembre, hace apenas un mes, Bellini dictó un auto de prórroga del secreto de las actuaciones en el que recogía, textualmente, que "continúan efectuándose las averiguaciones pertinentes y relativas a los hechos denunciados y a otros hechos directamente relacionados con éstos y que pudieran ser igualmente constitutivos de otros delitos contra las personas ya imputadas y posiblemente contra otras que aún no lo estén".
Según los datos a los que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP, las próximas imputaciones del caso Las Teresitas tendrán relación con CajaCanarias y con la Junta de Compensación, pero se investiga a fondo el entorno personal de Miguel Zerolo en la parte relacionada con un posible cobro de comisiones ilegales.
PISO FRANCO. Una de las actuaciones que mayor resultado han dado a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife fue el registro de un piso franco propiedad de Ignacio González en la capital tinerfeña, donde se guardaban importantes documentos relacionados con la operación de compraventa y con otras empresas.
La vivienda, ubicada en la calle Villalba Hervás de la capital tinerfeña, era utilizada por el trabajador (Felipe Armas Jerónimo)#que González utilizó para optar al crédito de 33 millones de euros, debido a que su nombre no podía aparecer por ser consejero de la entidad.
Después de varias semanas de seguimientos policiales, los investigadores pudieron localizar la vivienda y tras la pertinente autorización de la magistrada, se registró la misma y se incautaron de importante documentación y ordenadores. La importancia de esa operación es de tal magnitud que los abogados de Ignacio González han pedido la nulidad del registro y que se devuelva lo incautado.