El ingeniero jefe de Costas confirma que la obra requería permiso del Gobierno canario y dice que de la modificación del proyecto se enteró "por sospechas"
diariodeavisos.com/domingo, 1 de noviembre de 2009.-Vicente Pérez, Santa Cruz de Tenerife. El edificio de aparcamientos y locales comerciales de Las Teresitas "a día de hoy no invade" el dominio público, aunque, caso de terminarse, sí que lo invadiría "dos metros aproximadamente" "en en todo el frente". Así lo declaró el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas, Carlos González, el pasado jueves ante la juez que instruye el llamado caso Mamotreto.
El funcionario de Costas aseveró que "las obras y proyectos aprobados" antes de empezar a tramitar el nuevo deslinde, en 2007, "se podían seguir realizando". González corroboró que hasta 2007, cuando el Tribunal Supremo anuló la compraventa del frente de playa, "la intención de Costas era firmar el convenio" para llevar a cabo el proyecto de Perrault, en el que se incluye esta edificación, y que la firma de ese acuerdo "hubiera sido título habilitante suficiente" para que el Ayuntamiento construyera el polémico edificio. El ingeniero jefe explicó que Costas aplazó la firma de este convenio ante las "dudas de si el Ayuntamiento era el propietario o no de los terrenos que tenía que ceder al dominio público". Fue en diciembre de 2007- con los trabajos ya avanzados- cuando la Demarcación se dirigió al Ayuntamiento para advertirle de que no tenía autorización ni para las obras "ya hechas" ni para "las venideras".
Aseveró el responsable de Costas que las obras ejecutadas hasta ahora "se encuentran en la zona de servidumbre de protección, competencia exclusiva" del Gobierno canario, y que el Ayuntamiento "necesitaba una concesión administrativa para la obra proyectada".
Costas, según el máximo responsable de la Demarcación, recibió en mayo o junio de este año – en plena instrucción de la causa penal- una petición de informe formulada por el Gobierno canario, ante una solicitud del Ayuntamiento para que autorizara las obras. Ese informe no se ha podido emitir porque, según el testigo, Costas desconoce si debe informar sobre las obras ejecutadas o las previstas. El funcionario dice que "se enteró por sospechas" de que la Gerencia de Urbanismo había modificado el proyecto.
Un aspecto aún por dirimir es el del deslinde público. Así, González manifestó que Costas comunicó a Urbanismo "en abril de 2006" que se debían suspender las licencias de obras en este ámbito, dado que se había iniciado la revisión del deslinde. Relata el funcionario las diferencias entre ambas administraciones sobre el deslinde, dado que para el Consistorio la línea demanial debía ir por el muro a lo largo de la playa, mientras para el Ministerio seguía vigente el de 1961, que, en la mitad final, iba muy por detrás de dicho muro, afectando a las antiguas parcelas urbanizables que el Ayuntamiento compró por 53 millones de euros en 2001. Todo ello se puso en evidencia en 2005, según reconoció González Segura, "a raíz de una queja de ATAN", que había acusado a las administraciones de hacer un deslinde a la carta para salvar la compraventa de la playa.
Pero en su declaración ante el juez, el técnico de Costas negó este extremo, al afirmar que "no es cierto" que en los sucesivos borradores del convenio, Costas avalara el deslinde por el muro. El nuevo dominio público aprobado este año está ahora recurrido en los tribunales por ATAN y Amigos de Las Teresitas (critican que salve el Mamotreto) y por el Ayuntamiento.
En sus declaraciones, el funcionario admite también que Costas informó de forma favorable la modificación puntual del Plan General de Ordenación en el área de Las Teresitas, y que el Ministerio llegó a adjudicar las obras que le correspondían aunque luego rescindió el contrato.
En este caso están imputados, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, su antecesor, Manuel Parejo, y tres técnicos, entre ellos Candelaria Benítez, que es además concejal del PSOE en El Rosario.