SB-Noticias/martes, 27 de octubre de 2009.- A pesar de que el 18 de septiembre 2009 el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó en pleno el derribo del “Mamotreto” y la suspensión definitiva del proyecto que Dominique Perrault diseñó para Las Teresitas, ha surgido, desde el más reprobable clientelismo fraguado por Coalición Canaria y el CCN de Ignacio González, la voz interesada del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Litoral Anagüense (FALA), para instar al alcalde Miguel Zerolo a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ese acuerdo plenario. Sin hacer la menor referencia a las ilegalidades cometidas, sus argumentos giran en torno a una sucesión de hechos consumados: “ya que está hecho…”, “el dinero que ha costado”, “el desembolso para el derribo”, “la crisis”, etc.
Otras voces, como la del arquitecto Joaquín Galera, que siempre fue partidario de su demolición, contribuyen a crear confusión cuando salen sorpresivamente a la palestra defendiendo sólo el derribo parcial de la construcción para cumplir, dice, con la legalidad en cuanto al exceso de espacio construido. En esa misma ceremonia de la confusión se debe ubicar el comunicado del partido unipersonal Los Verdes-Grupo Verde que defiende el cambio de usos del edificio como justificación para que no se derribe.
Somos conscientes de que los movimientos sociales deben estar siempre alerta en esta democracia de baja intensidad, por ello Asamblea por Tenerife y los Amigos de Las Teresitas y el litoral de Anaga exigen que se cumpla el mandato del plenario municipal de derribar el mamotreto en su totalidad en el menor tiempo posible. No debemos permitir que este triunfo de los movimientos sociales acabe convertido en un hecho ceremonial sin ninguna consecuencia práctica, que la justicia –el derribo del centro comercial- sea suplantada por una legalidad manipulada y cambiante como intentan hacer con la descatalogación de los sebadales del puerto de Granadilla.
El mamotreto es una obra ilegal a todas luces y su derribo un mandato democrático inexcusable. Seguiremos exigiendo, además, la no privatización de nuestro litoral, que Las Teresitas siga siendo una playa pública, una playa para todos, limpia, dotada de buenos servicios y sin el impacto ambiental que significa este adefesio.