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Home»Noticias»Corrupción»Anticorrupción rebaja el valor de Las Teresitas a 11.400.000 euros

Anticorrupción rebaja el valor de Las Teresitas a 11.400.000 euros

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By WebMaster on noviembre 2, 2009 Corrupción
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El PSC insiste en que se ejecute la sentencia del TS

canariasahora.es/lunes, 26 de octubre de 2009.-Belén Molina, Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía Anticorrupción ha valorado el frente de playa de Las Teresitas en no más de 11.400.000 euros según el deslinde actual, pese a que por esos terrenos, el Ayuntamiento pago a Inversiones Las Teresitas (ILT) 53 millones, que ahora deberían ser devueltos a las arcas públicas si se ejecuta por fin la sentencia del Tribunal Supremo por la que se anula la compra-venta de ese espacio de uso público. Otros dos informes fechados en 2001 cifran los terrenos en 18 millones y 19 millones, respectivamente.

Esto es lo que este lunes ha recordado el grupo municipal socialista en una rueda de prensa en la que ha intentado explicar el lío judicial que rodea a Las Teresitas y terrenos aledaños, como el Valle Las Huertas, desde que en 1998 se compró el frente de la playa y se expolió a los vecinos del Valle de sus terrenos. El PSC quiere que se ejecute de una vez la sentencia del Supremo que anula toda la operación, motivo por el que el 17 de octubre presentó una moción en el pleno municipal que no llegó a ser debatida.

Según José Ángel Martín , portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se “malpagaron” 53 millones de euros por unos terrenos que eran públicos, pero es que, además, al recalificar Los Valles y modificar su uso de extrahotelero a residencial, se ha generado una plusvalía de unos 100 millones de euros. “El beneficio real de la operación ha sido de 153 millones”, recalcó el concejal.

La ejecución de la sentencia lleva tres años de retraso. Desde el grupo de Gobierno municipal se ha buscado que quedara en nada con un recurso de nulidad ante el alto tribunal primero, y con un recurso de incidencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por imposibilidad de ejecutar el fallo. Ambos recursos han sido desestimados”, dijo Martín. “El Tribunal Supremo ha dejado claro en un auto judicial cómo se tiene que ejecutar la sentencia, pero el Ayuntamiento está haciendo lo imposible por atender a los intereses de determinados empresarios por encima de los intereses públicos”.

Al consistorio le corresponde ahora llevar a cabo una tasación de los terrenos a cargo de un técnico municipal. Cuando la Junta de Compensación vendió a ILT el frente de la playa, en 1998, por 5.500 millones de pesetas, no se conocía su valor real, ya que una sentencia había anulado el Plan Parcial de Ordenación de 1988. En 2001, el Ayuntamiento compró a ILT 111 parcelas de Las Teresitas por 53 millones de euros (en torno a 8.750 millones de pesetas), pero con el nuevo deslinde, el valor de los terrenos, en vez de aumentar, debería haber bajado.

Los vecinos negocian con Maphre y el Ayuntamiento

De hecho, esta es una de las razones que ha argumentado el TS para anular la compraventa; que no se justifica el aumento de valor de 5.500 millones en 1998 a 8.750 en 2001, más que nada porque no había una tasación de los terrenos a cargo de un técnico municipal, sino simples valoraciones; que no se tuvo en cuenta el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre y que tampoco se tuvieron en cuenta ni la valoración económica de los nuevos usos urbanísticos compensados en el Valle de Las Huertas ni la Ley Turística de Canarias (la moratoria) que limita la creación de más camas hoteleras.

José Ángel Martín también explicó que los vecinos expoliados de Las Huertas negocian en la actualidad con el Ayuntamiento, Maphre e ILT una compensación por haber sido expoliados de unos 20 millones de euros. Pese que haya este pago y aunque se devuelvan los 53 millones a las arcas municipales, la maraña judicial que rodea Las Teresitas seguirá igual de enredada. A la parte contencioso-administrativa se suma la querella penal por mala fe y que ha llevado a Seroso a estar imputado en el TSJC por cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.

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