Al alcalde sólo le queda la posibilidad de solicitar ante el TSJC la suspensión del acuerdo plenario, a la vez que los servicios jurídicos elaborarán un informe sobre su cumplimiento
laopinion.es/18 de septiembre de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. Los partidos que integran la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Partido Socialista Canario-PSOE, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos de Santa Cruz, unieron ayer sus votos para exigir al grupo de gobierno (CC) que proceda a derribar el edificio de aparcamientos y centro comercial situado en la playa de Las Teresitas conocido como mamotreto y rechazar el proyecto de Dominique Perrault.
El debate de la moción socialista se llevó a cabo entre grandes dosis de tensión y con el cruce mutuo de acusaciones. El alcalde, Miguel Zerolo, se mostró crispado para reiterar que bajo su punto de vista el único responsable del abandono de la playa son los socialistas por no haber permitido en su momento que se firmara el convenio con la Dirección General de Costas que hubiese permitido continuar las obras.
Posiciones divergentes. Nuevamente incidió en las posiciones divergentes que han mostrado los socialistas en diversos momentos sobre este asunto, al igual que hizo con el PP, a cuyos dirigentes acusó de mantener ahora una posición diferente a cuando gobernaban en pacto. El portavoz de Coalición, José Alberto Díaz Estébanez, habló de posibles responsabilidades penales y patrimoniales en quienes apoyaban esta moción, entre otros aspectos porque al estar abierta una causa penal sobre el edificio, el mismo es una prueba de convicción.
El secretario de la corporación, Luis Prieto, se comprometió a elaborar en un plazo breve de tiempo un informe para aclarar todos estos extremos. No obstante, el concejal de Ciudadanos y profesor de Derecho Penal, Ángel Isidro Guimerá, fue rotundo al señalar que el acuerdo es ejecutivo y estarán pendientes de que se cumpla. La única posibilidad que le queda al grupo de gobierno es solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) su suspensión, lo que resulta normalmente bastante inusual. El portavoz del PP, Ángel Llanos, se mostraba más comprensivo a la hora de dar un mayor plazo a la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, para que lo lleve a cabo. Estébanez llegó a advertir que el derribo del edificio "va contra el ordenamiento jurídico a menos que se cambie el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz". Calificó de "mezquina y alicorta" la postura de la oposición en cuanto no son capaces "de anteponer los intereses de los ciudadanos para que puedan contar con una playa en condiciones a los intereses políticos".
En cualquier caso, desde Coalición Canaria se reiteró en varias ocasiones que el inmueble es legal y no invade en ningún caso los terrenos propiedad de Costas. El mayor enfrentamiento se produjo sin embargo con el alcalde y el portavoz socialista, José Ángel Martín, quien se confesó "orgulloso" de la trayectoria de su partido sobre la playa de Las Teresitas durante los últimos años.
Consideró inaudito que se les culpe de la situación de la playa dado el número de sentencias, ya firmes, que se concentran en este espacio, todas ellas contra los intereses y el punto de vista del Ayuntamiento. Llanos también recibió muchos de los dardos del grupo de gobierno, a los que respondió indicando que en su momento apoyaron el inicio de las obras porque carecían de la información necesaria sobre las irregularidades luego detectadas.
Medidas cautelares
El Parque Marítimo volvió a ocupar ayer parte del debate del pleno. Sorpresivamente, el grupo de gobierno se quiso curar en salud y dio su aprobación a una moción socialista en la que se pedía que tanto el Ayuntamiento como la Autoridad Portuaria, que integran la concesionaria Parque Marítimo SA, hagan lo posible ante los tribunales para que este recinto pueda reabrir sus puertas lo antes posible. De nuevo se volvió a repasar la situación en la que se encuentra el Parque, más delicada aún después de que su actual concesionario, Luis Gil, haya presentado un recurso contra la sentencia que se mostraba favorable al desahucio y le imponía una cuantiosa multa. Este paso puede dar lugar a que el Parque no abra sus puertas hasta, al menos, dentro de un año. El portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, hizo un repaso de todos los pasos dados desde el mes de enero, que fue cuando comenzaron los impagos y aseguró que hasta el momento han solicitado en ocho ocasiones que se apliquen medidas cautelares. El alcalde garantizó también que se han utilizado todas las armas legales con este fin.