Las declaraciones apuntan cada vez más a que Obras era la Concejalía responsable de todo lo referente a este proyecto, y no se descarta que finalmente Plasencia sea imputado
laopinion.es/jueves, 3 de septiembre de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. Los técnicos adscritos a la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez y Loreto Ariz, parecen seguir en la misma línea que hasta ahora han marcado las comparecencias ante la jueza del caso mamotreto, Juana María Hernández y la fiscal, Inmaculada Violán. En sus declaraciones ambos técnicos parecen apuntar responsabilidades la Concejalía de Obras, Norberto Plasencia, al atribuir a esta área todas las competencias especialmente en lo que se refiere a la obligación de solicitar una autorización para iniciar las obras del edificio de aparcamientos y centro comercial.
En el caso de Gómez, su declaración se basó casi exclusivamente en el principio de que se limitó a elaborar informes sobre lo que se le pedía y poco más. Así, este técnico dio el visto bueno al proyecto, del que dijo en una frase recogida en su momento en el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente que éste "básicamente se ajusta" a lo previsto. También aseguró que el proyecto se ajustaba "sustancialmente" a la ordenación urbanística prevista para este entorno.
El técnico indicó que en ningún momento se le consultó sobre si era necesario contar con autorización y sus informes se limitaron a centrarse en aspectos tales como si el edificio cumplía con la volumetría prevista. En estos casos dio un sí que se limitó de forma estricta a la pregunta planteada y al planeamiento que manejaba en sus manos en ese momento.
Mayor enjundia tuvo la declaración de Loreto Ariz quien reconoció que su vinculación con este caso se debe a que trabaja en la Concejalía de Obras que encabeza, Plasencia. Un extremo que viene, indirectamente a apuntar hacia este concejal, sobre el que ya ha habido varias declaraciones que le apuntan como responsable en vez de en los titulares de Urbanismo. Así quedaría claro que el grueso del expediente, por no decir la casi totalidad del mismo, se tramita desde la Concejalía de Obras que además ostenta la dirección técnica.
Segunda fase. El nudo gordiano de este caso sigue siendo por qué no se pidió autorización para iniciar las obras y por qué tampoco se hizo para ejecutar la segunda fase de los trabajos que consistían en la construcción de otra planta más bajo tierra. Tanto Epifanio Gómez como Loreto Ariz aducieron que nadie les preguntó y que tampoco era su responsabilidad aclarar este extremo.
En cualquier caso se derivaron las culpas hacia los Servicios Jurídicos de la Gerencia de Urbanismo, por lo que no se descarta que sus titulares sean llamados también a declarar. Ambos técnicos habían sido citados por la jueza en calidad de imputados y así salieron después de la comparecencia. En concreto se les atribuye un supuesto delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación.
La parte central del caso sigue siendo que en ningún momento la construcción del mamotreto contó con las autorizaciones preceptivas pese a que las mismas significan en cabeza y final de la playa la ejecución de obras en zona de dominio público marítimo terrestre según el deslinde vigente.
La declaración de los técnicos se llevó a cabo como continuación de los interrogatorios que se han venido desarrollando con los concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Luz Reverón y a técnicos de la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano (Apnum).
En la querella interpuesta hace más de un año por la Fiscalía se recordaba que en el momento en el que comenzaron las obras tan sólo existía un proyecto de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Costas que aún no había sido firmado. Este acuerdo, además estaba supeditado con carácter previo a un nuevo deslinde que no se aprobó hasta principios de este año.
La Fiscalía asume que las obras del gran aparcamiento se sitúan en la zona de servidumbre de protección que pertenecen al Gobierno canario. Pero es que al haberse estado tramitando el deslinde en aquel momento no se podía conceder ningún tipo de autorización ni iniciar ningún tipo de obra. Los hechos habían sido denunciados por el Partido Socialista Canario-PSOE, la Plataforma en Defensa del Litoral de Anaga y de la playa de Las Teresitas y por el colectivo Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).