Un portazo definitivo a la vía casacional
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia con fecha de 30 de septiembre de 2026 en la que acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación interpuesto por la representación legal del Cabildo Insular de Tenerife. El alto tribunal desestima las pretensiones de la corporación insular contra el fallo previo que ratificaba la caducidad de la declaración de impacto ambiental del proyecto de explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables del denominado “Parque Internacional del Motor de Tenerife”, proyectado en el municipio de Granadilla de Abona. Con esta resolución, que impone además las costas procesales a la institución insular hasta un límite de mil euros, el Supremo confirma la firmeza de la ilegalidad de los trámites ambientales impugnados.
Lluvia de reveses judiciales consecutivos
Este pronunciamiento del Supremo se suma a una cadena de resoluciones desfavorables que han ido cercenando la tramitación administrativa impulsada desde el Cabildo insular. Los tribunales han venido desmontando de manera sucesiva los distintos modulos y aprobaciones del macroproyecto del motor en el sur de la isla al constatar que carecían de una cobertura ambiental válida y actualizada. La acumulación de estos fallos adversos en los órganos de lo contencioso-administrativo y en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha puesto en entredicho la viabilidad jurídica de continuar las actuaciones sobre el terreno sin reiniciar por completo el expediente evaluativo.
El respaldo histórico a la labor de ATAN
Toda esta ofensiva legal que frena las pretensiones del Cabildo responde en gran medida a los recursos y a la batalla jurídica sostenida por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Los tribunales han dado reiteradamente la razón al colectivo ecologista al avalar sus demandas sobre la caducidad de los permisos y la vulneración de la normativa de protección territorial. Las anteriores sentencias conseguidas por ATAN ya habían tumbado tramos clave y aprobaciones sectoriales del circuito, consolidando una doctrina judicial que ahora el Tribunal Supremo blinda de forma definitiva al inadmitir el recurso de casación de la administración insular.