Varios colectivos sociales de Canarias han exigido hoy a las fuerzas políticas del archipiélago que presionen a sus direcciones estatales para votar a favor del llamado ‘Decreto Maricarmen‘, una medida destinada a frenar los desahucios y combatir la emergencia habitacional que se someterá a convalidación parlamentaria este martes en el Congreso de los Diputados.
A través de un comunicado conjunto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tenerife y la organización Acción Social Canarias han lanzado un llamamiento de urgencia dirigido de forma directa a Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Sumar y Podemos, además de a cualquier otra formación con representación en las islas que cuente con capacidad de intervenir en la decisión del Grupo Parlamentario de cara al Consejo de Ministros y la posterior votación en las Cortes.
Las organizaciones sociales reclaman a los partidos políticos que abandonen las declaraciones de intenciones y las muestras de preocupación superficial sobre el problema de la vivienda en el archipiélago. El comunicado enfatiza que ha llegado el momento de actuar con firmeza y demandar a los diputados en Madrid un respaldo explícito a las medidas planteadas para proteger a las familias vulnerables frente a la desprotección y la inseguridad en sus hogares.
Los colectivos firmantes defienden que la ciudadanía canaria tiene el derecho legítimo de conocer con total transparencia la postura que adoptarán sus representantes antes de que se consume la votación parlamentaria. El texto incide en que la emergencia habitacional en las islas no admite más demoras frente a un escenario que ya golpea de forma directa a miles de familias residentes.
Finalmente, las organizaciones han anunciado que se encuentran elaborando propuestas legislativas específicas adaptadas a la realidad ultraperiférica de las islas con el objetivo de trasladarlas próximamente a los plenos de las administraciones locales y autonómicas. El llamamiento concluye con una exigencia unánime para poner freno a la especulación inmobiliaria mediante la aplicación inmediata de medidas de control efectivas en el territorio canario.