Por: Joaquín Hernández
CUADERNO DE BITÁCORA
Sin lugar a duda alguna, el problema de la escasez de viviendas en Canarias (especialmente en las islas capitalinas de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canarias) es la asignatura pendiente de estos dos municipios canarios.
Los ayuntamientos en España tienen competencias importantes en materia de vivienda, aunque estas pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma y la legislación local. Algunas de las competencias que suelen tener los ayuntamientos en relación con la vivienda es que gestionan viviendas sociales y programas de alquiler asequible para personas con bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad.
El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, liderado por su alcalde José Manuel Bermudez, tiene un gravísimo problema que tendrá que solventar en menos de dos años. La capital de las islas occidentales necesita en la actualidad, como mínimo 12.600 viviendas de alquiler social y se calcula que está cifra podrá aumentar en el 2027 a 15.000 de este tipo de viviendas.
El Gobierno de España subvenciona hasta con el 90% del importe total del proyecto para la construcción de viviendas de alquiler social a los ayuntamientos y comunidades autónomas dentro del plan de viviendas sociales.
El problema del suelo urbano o urbanizable tampoco debe existir. El Patrimonio Público de Suelo de Santa Cruz de Tenerife, dispone de un total de 47 bienes inmuebles. Santa Cruz cumplimenta lo dispuesto en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que localiza esta potestad en el ámbito municipal, y favorece normativamente la promoción de vivienda pública protegida en suelo de titularidad municipal.
Por patrimonio público de suelo se entienden aquellos «bienes y recursos obtenidos por cesión obligatoria y gratuita de los propietarios en una actuación urbanística, cuyo destino principal es la vivienda de protección pública y que se caracteriza por que el producto de su enajenación se reintegra en el mismo».
Desde el año 2023 hasta la fecha, el ayuntamiento chicharrero solo se están construyendo 37 viviendas sociales en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas y se prevé la construcción de 60 en el Distrito Ofra-Costa Sur, menos de un 3% de las 12.600 viviendas sociales de alquiler que necesita la capital, a este ritmo tardaremos 33 años en terminar las viviendas en necesitamos en el año 2026. Es decir, en el año 2059 tendremos solucionado el problema de la vivienda social que tenemos en el año 2026.
El presupuesto del ayuntamiento chicharrero, para el ejercicio del año 2026 es de 381,2 millones de euros. Se trata del mayor presupuesto de la ciudad, sin embargo, reducen en un 29,5% el presupuesto en vivienda y urbanismo.
Habrá que recordarle al Sr. Bermúdez que la vivienda es un derecho fundamental y que los ayuntamientos están obligados a dotar de viviendas sociales a los habitantes de su municipio, independientemente de las ayudas que pueda obtener del gobierno autónomo o central.
El aumento de los desahucios en los juzgados canarios ha aumentado, en el último año, un 47% se da el caso que ya se han empezado a desahuciar por habitaciones.
Este es el drama de los canarios: A lo largo de décadas, políticas especulativas y modelos urbanísticos depredadores han saqueado nuestro territorio, desmantelado el tejido social y expulsado a comunidades enteras de sus barrios, pueblos e islas. la juventud canaria sigue atrapada en un presente sin horizonte: apenas 2 de cada 10 jóvenes menores de 30 años con empleo han logrado emanciparse. Los salarios bajos y los alquileres desorbitados hacen imposible iniciar una vida independiente sin endeudamiento ni precariedad.
Por si no lo sabe, Sr. Alcalde, Santa Cruz de Tenerife encabeza las cifras de desahucios en el Canarias. El 90% de los casos son por impago de alquiler, lo que demuestra la fragilidad en la que viven miles de personas.
Las políticas públicas han sido ineficaces o directamente cómplices de esta situación. En lugar de garantizar el derecho a la vivienda, se ha optado por vender nuestros hogares a intereses privados. Los bancos y las administraciones públicas, como el Instituto Canario de la Vivienda, han sido cómplices de un sistema que antepone el beneficio económico de unos pocos a los derechos de la mayoría. Ya no basta con promesas vacías: los chicharreros exigimos acciones concretas y medidas urgentes que pongan fin a esta emergencia habitacional. Frente a este escenario usted, Sr Bermúdez, es cómplice por omisión del desastre habitacional de Santa Cruz de Tenerife.
En el 2027 recordaremos los nombres de los que han tenido la oportunidad de paliar este sangrante problema, CC y PP tendrán respuesta en las urnas a tamaña cabronada social.