El sindicato afirma que el Anteproyecto de Presupuestos sigue castigando al personal del Servicio Canario de Salud (SCS) y lastrando la actividad asistencial.
Intersindical Canaria expresa su más profundo rechazo ante el contenido continuista del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, en lo que respecta al ámbito del Servicio Canario de Salud. Considera que, lejos de corregir los recortes históricos sufridos, el texto consolida un modelo de austeridad selectiva que penaliza a las trabajadoras y trabajadores, quienes sostienen la sanidad pública canaria con su esfuerzo diario, pero además, en el apartado de Infraestructuras y dotación de recurso materiales cronifica una situación de precariedad que mantiene lastrada la actividad asistencial en todos los niveles.
Pese al leve incremento global de las cifras destinadas a sanidad, IC afirma que las cuentas mantienen fuertes restricciones en materia de personal, impidiendo cualquier avance en las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores del SCS. No se prioriza la necesaria adecuación de la dotación de plantillas, sino a la contención del gasto, repitiendo políticas de recortes de antaño que condenan a los centros sanitarios a la precariedad estructural y a la sobrecarga asistencial.
Destaca el sindicato que el Gobierno de Canarias mantiene la sustracción parcial de las pagas extraordinarias, lo que supone un agravio comparativo con el resto del personal de la Administración Pública. Además, reinstaura y consolida los descuentos en el complemento de productividad (Incentivos), durante los periodos de baja, perpetuando una medida punitiva e injustificada que castiga la enfermedad de los trabajadores. Además aplaza hasta el año 2028 la convergencia salarial comprometida, que planteaba llevar las retribuciones del personal del SCS al promedio de las tres comunidades mejor retribuidas del conjunto del Estado, rompiendo con los acuerdos alcanzados en Mesa Sectorial en 2024, evidenciando la falta de voluntad política para dignificar las retribuciones del personal canario de las instituciones sanitarias, que se sitúan a la cola del Estado.
«Un año más se congelan las cuantías destinadas a Acción Social y el gobierno da la espalda a la negociación colectiva, rechazando las propuestas sindicales y bloqueando la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan directamente a sus condiciones de vida y trabajo a niveles del escenario de recortes del año 2012», afirman.
Por todo ello, Intersindical Canaria exige al Gobierno de Canarias y a su Consejería de Sanidad que, en el proceso de trámite parlamentario de este Anteproyecto, se enmiende de tal forma que se garantice la calidad de la atención sanitaria con criterios de universalidad y equidad, para lo cual resulta imprescindible una dotación económica adecuada, gestión profesionalizada y voluntad política leal con el servicio público, que incluye respeto por los derechos laborales de los profesionales: «Necesariamente se tiene que producir el levantamiento de los reparos a la negociación colectiva con las organizaciones sindicales representativas para revertir las medidas más lesivas de estos presupuestos que, insistimos, no suponen la recuperación de la sanidad pública canaria, como garante para que la ciudadanía vea reconocido su derecho fundamental a la salud, sino que actúan contra sus trabajadores, que son quienes lo hacen posible. Consolidar los recortes, negar derechos y prolongar la injusticia salarial es incompatible con el discurso de mejora del sistema sanitario».
El Sindicato rechaza esta política de “Tierra quemada” que -aseguran- practica el gobierno de Canarias (CC y Partido Popular) sobre el Servicio Público, detrayendo recursos en Infraestructuras, Medios Materiales y Recursos Humanos, ni que se siga castigando al personal de todos los grupos profesionales mientras se desvían hemorragias de dinero público hacia la sanidad privada.
Por ello, anuncian acciones reivindicativas —jurídicas, sindicales y sociales— para defender el derecho a la salud y la vida de los ciudadanos, así como la dignidad, la justicia y la igualdad retributiva de las y los trabajadores del Servicio Canario de la Salud.