Por: José Manuel Rivero
La reciente ola de reconocimientos diplomáticos del Estado de Palestina por parte de varias naciones, si bien simboliza un avance político importante, corre el riesgo de convertirse en una fachada de legitimidad internacional si no se acompaña de una acción contundente y coherente. Como acertadamente señalaba Brecht Jonkers en su artículo “The Charade of Recognising Palestine”, este acto se transforma en un gesto vacío, en pura retórica, cuando no altera las condiciones materiales de opresión y exterminio que sufre el pueblo palestino. El verdadero desafío, por tanto, no reside en el acto declarativo del reconocimiento, sino en la traducción inmediata de este principio en una política exterior activa que obligue a Israel a cumplir con el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio no son meras declaraciones de intenciones; son instrumentos jurídicos vinculantes que imponen a los Estados la obligación positiva de actuar para garantizar la libre determinación de los pueblos y prevenir crímenes atroces. Reconocer a Palestina mientras se mantienen relaciones diplomáticas, económicas y militares normales con el Estado que sistemáticamente vulnera estos fundamentos es una contradicción insostenible que socava la credibilidad del orden jurídico global.
Esta contradicción exige una respuesta medida y proporcional a la gravedad de los hechos. La Corte Internacional de Justicia ha sido clara al determinar que la ocupación israelí es ilícita y que los Estados terceros tienen la obligación de no reconocer como legal dicha situación ni prestar ayuda o asistencia para su mantenimiento. Esta obligación jurídica, derivada del derecho internacional consuetudinario, se traduce en la necesidad imperiosa de adoptar medidas concretas. Es imprescindible exigir el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo sobre Gaza, una forma de castigo colectivo prohibida por el derecho internacional humanitario que asfixia a una población civil. Paralelamente, debe procederse al desmantelamiento de todos los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, considerados ilegales según el derecho internacional y múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, por constituir un obstáculo fundamental para la viabilidad de un Estado palestino contiguos.
La comunidad internacional debe ir más allá de las condenas verbales y aplicar sanciones con consecuencias materiales. Un embargo de armas integral y la suspensión de toda cooperación militar con Israel son pasos indispensables para privar a la maquinaria de ocupación de su sustento vital. Asimismo, es necesario implementar sanciones económicas y financieras dirigidas contra instituciones y empresas, tanto israelíes como internacionales, que se benefician directa o indirectamente de la colonización de territorios palestinos. En consonancia, un boicot comercial a los productos procedentes de los asentamientos ilegales no es solo un acto de coherencia política, sino un deber jurídico y moral para no ser cómplice de una economía de la ocupación. Estas medidas de presión deben ir acompañadas de un compromiso constructivo para la reconstrucción de Palestina, mediante la creación de un fondo multilateral gestionado por autoridades palestinas bajo supervisión de la ONU, que asegure que la ayuda internacional no sea secuestrada o destruida por nuevas ofensivas militares.
El derecho de retorno de los refugiados palestinos, consagrado en la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, es una piedra angular de cualquier solución justa y duradera. Este derecho, que implica la opción de restitución de propiedades y tierras o una compensación justa, no puede ser ignorado en aras de una paz ficticia que consolida la limpieza étnica histórica. Finalmente, mientras persistan la ocupación, la colonización y las violaciones sistemáticas que han llevado a la Corte Internacional de Justicia a examinar la acusación de genocidio, los Estados que genuinamente creen en el derecho internacional deben estar dispuestos a dar el paso definitivo: la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Esta medida, aunque extrema, es la consecuencia lógica de la obligación de no ayudar ni asistir en la comisión de actos internacionalmente ilícitos. No basta con proclamar el apoyo a un Estado palestino sobre el papel mientras se sigue recibiendo a embajadores y normalizando relaciones con un régimen de ocupación. La disyuntiva es clara: o se actúa con la firmeza que exigen la Carta de la ONU y la Convención contra el Genocidio, o se permanece como cómplice encubierto de un crimen que se desarrolla a vista de todos. El reconocimiento sin acción no es un logro diplomático; es la máscara hipócrita de una complicidad que la historia no absolverá.