laopinion.es/21 de abril de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. El colectivo ecologista El Rincón no se opondrá a que las once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas vuelvan a ser propiedad de Inversiones Las Teresitas (ILT), tal y como la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia han solicitado ante el Tribunal Supremo (TS). Así, el colectivo ha decidido no presentar alegación alguna al recurso interpuesto en el TS por ILT a la ejecución de la sentencia que anuló la operación de compraventa de la playa. Según la portavoz del colectivo que en su momento ganó esta sentencia, Elena Sánchez, "nosotros lo que queremos es que se ejecute ya el fallo, o al menos, que se haga lo antes posible. Si lo que quieren es que los terrenos vuelvan a ser propiedad privada, lo pueden hacer porque nosotros sabemos que allí nunca se va a poder construir".
La otra solución pasa por tasar el suelo de la playa poniendo como límite del valor de los terrenos pagados en su momento por el Ayuntamiento, que ascendió a 52,4 millones y obligar por tanto a ILT a que devuelva el resto del dinero. Hasta ahora, El Rincón se había mostrado a favor de esta última posibilidad pero finalmente ha decidido que le es indiferente la forma de ejecutar la sentencia con tal de que ésta finalmente se cumpla.
No posicionarse. Sánchez considera que la solución adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de obligar a una tasación de los terrenos "no nos parece mala en absoluto pero, finalmente, hemos decidido no posicionarnos en un sentido o en otro, sino simplemente pedir que se ejecute la sentencia y ya está". Esta línea de defensa de El Rincón parece haber desconcertado a los abogados de ILT en sus múltiples incursiones en los tribunales canarios y el Supremo.
Hasta ahora, el colectivo ecologista había defendido la ejecución de la sentencia determinada por el TSJC, pero esta posición da un giro bastante sorpresivo sobre sus posiciones iniciales. Por su parte, ILT, desde hace algún tiempo, ha venido defendiendo ante los tribunales que simplemente se le devuelvan los terrenos y que estarían dispuestos a hacer lo propio con el dinero abonado en su momento.
Y ello es así al considerar que la decisión del TSJC vendrá a implicar una "expropiación de hecho", dado que los empresarios siempre han defendido que si hubiesen vendido las parcelas a una empresa privada no habría tenido ningún problema y además hubiesen obtenido más beneficios. Ante el Supremo los abogados de ILT han acusado al TSJC de practicar "activismo judicial" al considerar que han tomado parte posicionándose de lado de quienes parecen estar en contra de la empresa.
Treinta y cuatro millones en el aire
El Rincón solicitó en enero ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la ejecución de la sentencia que anuló la operación de compraventa de la playa sin haber obtenido, meses después, ninguna respuesta. Y es que, al parecer, se ha optado por esperar hasta que el Tribunal Supremo (TS) decida sobre la mejor forma para ejecutar el fallo. Por su parte, el colectivo había exigido ante el tribunal canario que la empresa depositara alrededor de 34 millones de euros como garantía de la ejecución de la sentencia. Esta cantidad correspondería a la aplicación de la tasación hecha en su momento por la arquitecta municipal, Pía Oramas, en la que valoraba los terrenos en poco más de 18 millones de euros, frente a los 52,4 pagados. En aquella solicitud de ejecución de sentencia se solicitaba también que la Sala determinara la fecha para realizar la comparecencia en la que se citara a la Gerencia de Urbanismo, ILT y El Rincón como fin de de determinar, cómo llevar a cabo toda la operación. El Rincón ha pedido que se tengan en cuenta aspectos como el deslinde marítimo costero vigente en el momento de la compra o el que existe ahora, así como que parte de las parcelas ya eran propiedad del Ayuntamiento o cuáles pertenecía a Costas. En la nueva valoración también se deberán tener en cuenta las plusvalías que ILT obtuvo por la venta de la trasera de la playa a Mapfre y que ascendió a 90 millones de euros. Igualmente se debe tener en cuenta los deberes urbanísticos, costes de urbanización pendientes y la existencia de ocupantes y edificaciones a demoler. Igualmente el colectivo ecologista solicita que a la hora de fijar el precio final de las parcelas también s e tome en cuenta la deducción de edificabilidad en este entorno a raíz de la aplicación de la moratoria turística que se puso en marcha en el año 2001 y que aún está vigente. Según el abogado de El Rincón, Pedro Arcila, el hecho de que ILT haya recurrido ante el TS la ejecución de la sentencia no debería paralizar su ejecución, aunque de hecho así ha ocurrido.