SB- Noticias/8 de abril de 2009.- Los socialistas exigen explicaciones a Miguel Zerolo sobre las presiones que se han realizado sobre los funcionarios de Urbanismo para que otorguen licencias para que la empresa concesionaria del Parque Marítimo pueda hacer eventos lúdicos
El grupo municipal socialista de Santa Cruz de Tenerife ofreció este miércoles una rueda de prensa en donde anunció la presentación de una serie de iniciativas a través de una moción plenaria en donde solicitará entre otros asuntos que se ponga en macha una investigación de oficio para esclarecer las presuntas irregularidades que se han permitido realizar en el recinto acuático y para que imponga las sanciones que procedan sobre las actividades ilegales de ocio y fiestas que han venido llevando a cabo por parte de la empresa concesionaria de la explotación de las piscinas. al tiempo que exigen que se clausuren las instalaciones de ocio que se han construido de forma irregular en los aledaños del Parque Marítimo.
En dicho acto informativo, en donde estuvieron presentes José Manuel Corrales, secretario general del PSC de la capital tinerfeña, José Ángel Martín, nuevo portavoz municipal, y la concejal Marian Franquet, el grupo municipal socialista pidió enérgicamente que Miguel Zerolo salga del escondite en el que está metido y dé explicaciones seria a los ciudadanos de Santa Cruz del motivo por el que sus reiterados gobiernos municipales han permitido que durante más de doce años se hayan realizado actividades lúdicas ilícitas en el Parque Marítimo cuando la empresa concesionaria sólo cuenta con licencia para la explotación de las piscinas.
Corrales reclamó al alcalde de Santa Cruz que de igual modo explique qué tipo de información ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción a la Gerencia de Urbanismo, si es cierto que agentes judiciales se han personado en las dependencias municipales para llevarse información de primera mano al respecto y que de una vez por todas afirme o desmienta sobre las presuntas reuniones en donde se ha estado presionando a los funcionarios del servicio jurídico de Urbanismo para que concedan las licencias que faciliten la realización de este tipo de actividades.
El secretario general de los socialistas de Santa Cruz dijo que tienen indicios evidentes de la existencia de al menos tres reuniones en donde estuvieron presentes Pedro Doblado, Luz Reverón y el propio Miguel Zerolo y en donde se produjeron dichas presiones a los funcionarios de Urbanismo, un comportamiento irregular donde los haya, que de confirmarse definitivamente, constituirían hechos gravísimos y supondría volver a episodios remotos en donde Pía Oramas recibió igualmente presiones para incrementar la tasación de las parcelas del frente de playa de Las Teresitas.
Desde su punto de vista, el cierre del Parque Marítimo esta Semana Santa, debido a la huelga de los trabajadores por el retraso del pago de sus salarios por parte de Santa Cruz Park Tenerife, supone un grave daño a la ciudad y a sus habitantes que en un época de vacaciones no pueden disfrutar de un espacio público debido a conflictos privados.
José Manuel Corrales reiteró su exigencia al alcalde Miguel Zerolo, de quien dijo que está desaparecido día sí y día también, que explique todo este embrollo en el que ha metido nuevamente a la ciudad, y que diga a la ciudadanía dónde estaba y qué estaba haciendo cuando Santa Cruz de Tenerife estaba sin luz por el apagón que afectó a toda la isla, porque le consta que estaba en una de las reuniones en donde junto con los empresarios se estaba presionando a los funcionarios.
Por su parte, José Ángel Martín denunció la grave situación del Parque Marítimo y afirmó que al litoral de Santa Cruz parece que lo ha mirado un tuerto, ya que se ha convertido en un espacio de espaculación sin límites, un agujero negro en donde priman los intereses privados por encima del interés público, lo mismo que ocurrió en Las Teresitas, lo que ocurrió con los vecinos de Las Huertas o lo del Mamotreto.
Desde su punto de vista, en este asunto hay dos culpables, por un lado la empresa concecionaria de la explotación de las piscinas, que hasta hace seis meses era rentable y de buenas a primeras ha pasado a ser una ruina, lo que nates era un negocio y le servía, resulta que ahora no, que no tiene ni para pagarle a los empleados y, por otro lado, está la responsabilidad en este asunto de Miguel Zerolo y de Urbanismo, por permitir que durante doce años se hayan realizado estas actividades sin licencia, que han supuesto un negocio en suelo público sin reportar ni un solo euro de beneficio para las arcas municipales.
Martín Bethencourt dijo que estos hechos son irrefutables, como lo es también el que en varias ocasiones la Policía Local haya tenido que clausurar eventos que no contaban con licencia, ya que ésta sólo comprende la explotación de piscinas. Pese a ello, recordó que durante este tiempo se han realizado grandes fiestas de fin de año, bodas, bautizos y todo tipo de celebraciones, que han supuesto centenares de millones de beneficio para los empresarios quienes no han tenido que realizar pagos de canon para la administración municipal.
Señaló que su partido no se oponen a que se organicen actividades de ocio o fiestas en el Parque marítimo, lo que reclaman es que se hagan conforme a la Ley y no en un de marco de competencia desleal en donde unos tienen unos privilegios y salen siempre beneficiados y a otros se le aplica el embudo, perjudicándolos.
Por ello anunció que el PSC presentará una serie de iniciativas a través de una moción plenaria en donde solicitará entre otros asuntos que se ponga en macha una investigación de oficio para esclarecer las presuntas irregularidades que se han permitido realizar en el recinto acuático, paralizando y sancionando las actuaciones que procedan de dichas actividades ilegales, que se investigue la ilegalidad de negocios implantados en suelo público sin licencias al tiempo que exigen que se clausuren dichas instalaciones si se comprueba que se han construido de forma irregular en los aledaños del Parque Marítimo, así como la realización de un concurso público transparente para adjudicar nuevamente la explotación y en donde exista la posibilidad de que se amplíe el objeto social, fijando el canon correspondiente a pagar por la realización de estas actividades.