Por Santiago Pérez
“Para obstaculizar el proyecto reformista republicano socialista la derecha (se refería a la clase conservadora) dispondría del poder económico, la propiedad de los bancos, de la industria y de la tierra, y del poder social, el control de los medios de comunicación, el sistema de enseñanza, en gran parte privado…del poder persuasorio de la Iglesia…”
Paul Preston (La destrucción de la democracia en España)
¿Les suena la música? A mí me suenan la música y la letra.
Pero me da la impresión de que en este análisis de P. Preston falta alguna referencia al Poder Judicial de entonces. ¿Colaboraron jueces y magistrados, especialmente los miembros del Tribunal Supremo y de los órganos de la cúpula judicial a obstaculizar el proyecto reformista republicano/socialista tras la instauración de la II República?
Porque lo que está ocurriendo actualmente es indignante y escandaloso. No me refiero al ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional de cientos, de miles de jueces y juezas, sean de ideas conservadoras o progresistas, que cumplen escrupulosamente la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con pleno sometimiento a la Constitución y a las leyes -expresión de la soberanía popular-. De ese sometimiento proviene su propia y única legitimidad en la sociedad democrática. Una legitimidad que no es de origen, ya que no han sido elegidos por los ciudadanos, sino de ejercicio.
No. Me estoy refiriendo a magistrados y magistradas perfectamente identificables que están, en un clima de arbitrariedad y agresividad crecientes, y con actitudes que revelan que se sienten completamente impunes, contribuyendo con sus resoluciones y con el manejo de los tiempos procesales a una estrategia de demolición del Gobierno, cuya formación ha obedecido a las pautas establecidas por la Constitución. Estrategia sustentada por influyentes sectores que no aceptan el juego democrático, si además de su poder económico no manejan -a través de sus agentes políticos- el poder del Estado.
Y esta situación es en buena medida el fruto del control del PP del Consejo General del Poder Judicial durante 23 de los últimos 28 años, mediante el sistemático bloqueo de su renovación cada vez que ha perdido la mayoría parlamentaria. Nuestros autoproclamados “constitucionalistas” no han tenido el menor escrúpulo de mantener ese control mediante una violación persistente de las disposiciones constitucionales y practicando un fraude de Constitución, al convertir una exigencia de mayoría reforzada para la renovación del Consejo General del Poder Judicial establecida por el constituyente como un instrumento de integración y de garantía de la pluralidad en la composición del Gobierno del Poder Judicial, en un puro y duro derecho de veto en manos del PP.
En una ocasión, debatiendo en las Cortes Generales sobre este asunto, le pedí a la bancada conservadora del Senado que me explicaran -desde del punto de vista jurídico- por qué esta violación flagrante del orden constitucional (de guante blanco, eso sí, y sin tener que promover turbulencias callejeras) era menos grave que el Procés, al que no se han cansado de calificarlo de “golpe de estado” desde los escaños y los medios conservadores.
Porque la violación de la Constitución para seguir controlando el Consejo del Poder Judicial tenía una finalidad: designar discrecionalmente, y no mediante un concurso de méritos objetivos, a los miembros del Tribunal Supremo y especialmente a los integrantes de la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. Que, una vez nombrados, son inamovibles ya que esta es una garantía constitucional de la independencia judicial.
La absoluta impunidad con la que el juez Peinado está instruyendo el “caso” Begoña Gómez; las resoluciones que acaba de dictar el Juez Hurtado (el mismo que se negó como presidente del Tribunal a que se citara como testigo al misterioso M.Rajoy en uno de los juicios de la trama Gurtel) ordenando a la Guardia Civil el registro del despacho del Fiscal General e intervenir sus ordenadores, teléfonos móviles y tablets, yendo más allá de las peticiones de las partes acusadora y al margen de todo atisbo de proporcionalidad, de razonabilidad y de justificación de esa medida. Aunque ya sabemos que si la UCO no encontrara indicios de comportamiento delictivo, qué más da para la estrategia antigubernamental y sus voceros.
Y no se quedan atrás las resoluciones de la Sala II, presidida por el celebérrimo juez Marchena, contra la Ley de Amnistía, plagadas de conceptos y prejuicios (es decir, juicios previos) de naturaleza política.
Alguien tendría que inventar un término para calificar la trascendencia de este tipo de actitudes y resoluciones judiciales en la ejecución de la estrategia de deslegitimación y derribo del Gobierno, diseñada por el estado mayor del conservadurismo. Situado, of course, a extramuros de las Instituciones.