Por Antonio Aguado Suárez
El articulo 47 de la Constitución es muy claro y explícito: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación.
En teoría y sobre el papel todo está muy claro. Entonces, ¿por qué este muy grave problema que tanto padecen cientos de miles de españoles, no se aborda y se le da de una vez la oportuna y adecuada solución?. La necesidad habitacional se calcula actualmente en 600.000 viviendas en todo el país. Sin embargo, existe 3.400.000 viviendas desocupadas. En consecuencia, la solución estaría en que éstas, pasen a formar parte de la oferta alojativa, bien en la modalidad de venta o alquiler.
Esta es la fórmula más eficaz y ágil (no hace falta construir viviendas pues están ahí y son cerca de seis veces más de las necesarias). Dejarlo en manos de la comunidades autónomas y municipios, gobernados por la derecha que no están por la labor y, utilizan con el interesado señuelo que suena muy bien, de que para resolver el problema debe construirse más vivienda pública, con lo que eso por su complejidad, costes y tiempo representa, al tenerse al respecto que liberar los terrenos correspondientes y donde con toda probabilidad, con el apoyo de las respectivas instituciones, participarían de forma especulativa los empresarios del sector.
Se hace necesario blindar a las viviendas que son de propiedad pública y, topar el precio de las privadas actuales y de nueva construcción, tanto para su adquisición o renta. Por tantos intereses políticos de las organizaciones políticas de derecha y personales, de cargos públicos como se ha venido comprobando, indiscriminadamente de diversas opciones políticas convertidos en rentistas, se hace muy difícil lograr
acabar con este tan grave problema. Para conseguirlo, se debe tener sensibilidad y voluntad política, en la seguridad de contar con el apoyo de la ciudadanía.
Si sus propietarios no estuvieran por la labor, existe el instrumento legal desde el Estado de los impuestos disuasorios, y si fuera necesario llevar a efecto las correspondientes expropiaciones. Por supuesto, primero tendría que llevarse a cabo estas medidas en las viviendas propiedad de los fondos buitres, entidades bancarias y poner a disposición las de la SAREB. Lo que no es de recibo es seguir con esta situación,
que cada vez afecta a mas familias y personas en particular como los jóvenes que, se ven impedidos para emanciparse hasta pasados los 30 años, cuando la media en la Unión Europea es de 25 años y lo consiguen más del 70% de sus jóvenes, en contraposición a los de nuestro país que sólo lo logran el 17%.
No se puede consentir la expropiación y el desalojo de las viviendas, afectando a las familias que, por imposibilidad económica, no pueden y dejan de hacerle frente, a la hipoteca contraída para su compra con la entidad bancaria. Para ello, se les debe proporcionar otra estancia habitacional y resarcirse la deuda hipotecaria contraída con los respectivos bancos, mediante la dación en pago de la correspondiente vivienda.
Si para resolver este problema existen ejemplos positivos en otros países, como en Austria y fundamentalmente en su capital Viena y en Berlín y otras ciudades de Alemania, ¿por qué no les imitamos?. El parcheo del bono joven de alquiler que plantea el Gobierno con un máximo de 250 euros, con toda probabilidad sería rentabilizado por los propietarios de las viviendas y continuaríamos con el bucle de la
especulación.